Cuando agentes de la Patrulla Fronteriza ordenaron a un anciano mostrar sus documentos se toparon con un personaje inesperado: Raúl H. Castro, un hombre nacido en México y ex gobernador de un estado que ha cambiado radicalmente su postura sobre los hispanos.
TUCSON, Arizona — Años atrás, el calor en el desierto de Sonora se acercaba a los 37,7 grados Celsius cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza que se encontraban en un puesto de control le pidieron a la conductora de un automóvil que se orillara. A bordo iba un hombre hispano ya mayor. Vestía un impecable traje a la medida.
Le ordenaron que saliera del vehículo y le pidieron sus documentos de identidad, que demostraron que era un inmigrante mexicano llamado Raúl H. Castro. Ese día cumplía 96 años.
Ana Doan, una amiga de toda la vida que lo llevaba a una celebración en Tucson, les suplicó a los agentes, sin éxito, que le permitieran darle al hombre un poco de agua.
“Yo les gritaba a los agentes que se trataba de un exgobernador del estado de Arizona”, dijo ella.
Castro había nacido en 1916 en el norte de México en una familia muy afectada por la pobreza que cruzó la frontera cuando él era niño y se convirtió en el primer y el único gobernador latino electo de Arizona en 1974. La suya es una excepcional carrera política que resulta casi inimaginable de repetir en la Arizona actual.Desde la victoria histórica de Castro hace 46 años, ningún latino ha sido elegido para desempeñar otro cargo público estatal en Arizona, y mucho menos como gobernador. En cambio, este estado se ha convertido en una suerte de laboratorio para las políticas destinadas a mantener a los extranjeros fuera del país y reducir la influencia de los latinos en la política estadounidense, políticas que ayudaron a sentar las bases para las medidas antimigratorias en otros estados y en la Casa Blanca de Donald Trump.Esta primavera se cumplen diez años desde que los líderes de Arizona promulgaron una de las leyes antimigratorias más polémicas que ningún otro estado haya adoptado en su historia reciente: la ley SB 1070, la primera de las leyes conocidas que permiten que las autoridades pidan a las personas que les muestren sus papeles. Son las mismas leyes que les dieron al alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio y a otros policías locales amplios poderes para detener a cualquiera sin una orden judicial, con lata sola sospecha de que habían cometido un delito que ameritara la deportación.Este estado también exigió a los empleadores descartar a los trabajadores indocumentados, eliminó la elegibilidad de los inmigrantes indocumentados para las tarifas escolares para residentes del estado e introdujo barreras que dificultan que los latinos puedan votar. Incluso ahora, otros estados del país están implementando leyes similares a los primeros intentos de Arizona para limitar la inmigración.Sin embargo, justo cuando los electores van a las urnas para las elecciones primarias demócratas estatales del 17 de marzo, la enmarañada política migratoria de Arizona se ha vuelto más impredecible e incluso algunos republicanos e independientes en el estado están rechazando la política divisoria de los últimos veinte años, lo cual sugiere que tal vez las políticas migratorias de mano dura del presidente Donald Trump no encuentren la aprobación generalizada que alguna vez tuvieron en este estado.La historia de la evolución turbulenta del tema migratorio en Arizona —desde Raúl Castro hasta Joe Arpaio y la elección al Senado de Estados Unidos en 2018 de la demócrata Kyrsten Sinema— ofrece una fascinante lección de la historia del suroeste estadounidense y, posiblemente, del futuro del Partido Demócrata tras desafiar la supremacía republicana en los bastiones tradicionales.
“Arizona es una advertencia para el resto de los Estados Unidos”, dijo Lisa Urias, empresaria de Phoenix que vivió la intensa caída de Arizona en el nativismo patrocinado por el estado. “Es extremadamente preocupante que ahora estemos repitiendo, al frente y al centro del escenario nacional, un doloroso capítulo en la historia de Arizona”, agregó.
La transformación de Arizona sucedió en medio de cambios demográficos colosales que todavía están reconfigurando la política estadounidense.
Hoy en día los latinos constituyen una tercera parte de la población del estado, mientras que cuando Castro fue electo gobernador a mitad de los años 70 solo eran el 10 por ciento.
Durante ese mismo periodo, Arizona experimentó una de las migraciones internas más destacables del último medio siglo. Estadounidenses de otros estados de la unión —sobre todo personas blancas del cinturón industrial, California y ciertos lugares del sur— incrementaron la población de 2,2 millones en la época de Castro a más de 7 millones en la actualidad.
Muchos de los recién llegados trajeron consigo sus preferencias políticas conservadoras. Se instalaron en los suburbios soleados e instalaron estacas en un estado fundado por hombres que habían buscado evitar que alguien como Castro alguna vez alcanzara el poder.
Un boxeador se lleva el título
Castro era un candidato improbable en Arizona. Aunque una gran población hispana mantuvo cierta influencia en Nuevo México, Arizona fue un lugar donde los anglosajones controlaron las palancas del poder desde sus inicios.
Después de adquirir la categoría de estado en 1912, los funcionarios promulgaron un impuesto electoral encaminado a impedir el voto de los hispanos. Hasta la década de 1960, los líderes electos, como el senador Barry Goldwater, candidato republicano a la presidencia en 1964, trataron de impedir que los ciudadanos hispanohablantes votaran, exigiendo pruebas de alfabetización en inglés.
En su infancia, Castro tuvo que hurgar en la basura para conseguir alimentos después de que su familia cruzó la frontera. Sobrevivió como indigente durante la Gran Depresión antes de regresar a Arizona, donde le molestó la segregación que relegaba a los hispanos a una condición de inferioridad. Castro llegó a convertirse en fiscal, juez y embajador, algo sin precedentes para un inmigrante mexicano en el estado.
Cuando postuló para gobernador en 1974, cultivó vínculos con republicanos prominentes y cortejó a los liberales apoyando los derechos de la mujer y el gasto para luchar contra la pobreza.
Mientras tanto, en el estado se hacían escuchar nuevas formas de activismo político.
Otro arizonano, César Chávez, cofundador de United Farm Workers que nació en Yuma en 1927, había movilizado a los latinos en contra de una ley que limita la organización sindical en los campos de Arizona.
Castro, un abogado que se adhería a los ideales establecidos, rara vez coincidía con Chávez. Sin embargo, logró impulsarse con el nuevo activismo.
Después de hacer campaña en lugares abandonados por los republicanos, especialmente en zonas remotas de la Nación Navajo, obtuvo la victoria por un margen mínimo.
Sin embargo, para consternación de sus seguidores, Castro solo fungió dos años como gobernador antes de aceptar el nombramiento del presidente Jimmy Carter como embajador en Argentina en 1977.
Arizona comenzó un viraje aún más a la derecha. En 1986, un distribuidor de Pontiac llamado Evan Mecham organizó una campaña para gobernador basada en el ataque a la élite republicana del estado. Para sorpresa de la clase política establecida de Arizona, ganó.
El estado atrajo a hombres y mujeres como Jack Oliphant, un predicador evangélico de Florida que se había mudado a Arizona en 1976, cuando Castro era gobernador. Al igual que otros en el movimiento de milicias que siguieron sus pasos, Oliphant descubrió que el desierto de Arizona era el lugar perfecto para alimentar las profecías del derramamiento de sangre.
Los indeseables se quedan fuera
Oliphant, conocido entre sus seguidores como ‘Jack el predicador’ lideraba un campamento de trabajo de orientación cristiana para adolescentes con problemas. Les dijo a sus seguidores que se avecinaba una guerra racial y formó una milicia, los Patriotas de Arizona.
Según el FBI, que se infiltró secretamente al grupo, los Patriotas estaban preparando un “complejo de defensa” protegido por armas automáticas de calibre 50 “para mantener fuera a todos los indeseables”.
Oliphant y sus seguidores fueron arrestados en 1986 luego de que agentes federales encontraran un arsenal y planes de atacar sinagoas y edificios federales con flechas equipadas con puntas explosivas, morteros de fabricación casera y gas somnífero.
En 1986, el mismo año que Jack el predicador fue arrestado, un concesionario de Pontiac de nombre Evan Mecham postuló a la gubernatura con una plataforma que atacaba a la élite republicana del estado.
Y para sorpresa de la élite política de Arizona, ganó.
El día de su toma de protesta, en 1987, Mecham anunció la cancelación en el estado del día festivo en honor a Martin Luther King Jr. Poco después, exigió una lista de los empleados estatales homosexuales. Enfureció a los líderes hispanos al nombrar a una reportera del clima como su enlace con esa comunidad y justificó el nombramiento diciendo que era porque le gustaba la apariencia de la mujer.
Este tipo de estrategias motivaron boicots económicos a Arizona y causaron indignación entre la comunidad empresarial del estado. Para 1988, el Senado estatal había destituido de su cargo a Mecham tras condenarlo por obstrucción de la justicia y malversación de fondos públicos en un juicio político.
Esta estrategia enardeció a sus seguidores. Algunos se definieron como insurgentes contra la clase dirigente y obtuvieron escaños en la legislatura estatal, donde comenzaron a abrir un nuevo frente contra la creciente población inmigrante del estado.
Russell Pearce, un ex oficial de policía que resultó electo a la legislatura en 2000, pedía deportaciones en masa mucho antes de la candidatura presidencial de Trump. “Sabemos lo que tenemos que hacer”, dijo Pearce en una emisora de radio de Arizona en 2006.
Mucho antes de que el presidente Trump hiciera campaña para eliminar del país a millones de inmigrantes indocumentados, Pearce ya estaba pidiendo deportaciones masivas, que decía se inspiraban en las tácticas de estilo militar utilizadas en la década de 1950 para deportar a cientos de miles de inmigrantes mexicanos, incluidos muchos que eran ciudadanos de Estados Unidos.
“Sabemos lo que tenemos que hacer”, dijo Pearce a una estación de radio de Arizona en 2006.
Mientras Pearce lamentaba el crecimiento de la población inmigrante de Arizona, otro cambio demográfico estaba reconfigurando Arizona: los inmigrantes blancos de otras partes de Estados Unidos llegaban atraídos por el clima soleado del estado y los bajos impuestos.
En un período de seis años, la población del estado aumentó un 20 por ciento: de 5,1 millones en 2000 a 6,2 millones en 2006. Las personas de otros estados, en su mayoría inmigrantes blancos, representaron más de la mitad de dicho aumento.
El crecimiento de la población hispana que sucedía al mismo tiempo inquietó a algunos de los inmigrantes blancos que se habían establecido sobre todo en áreas suburbanas alrededor de Phoenix, como Mesa, la ciudad al este de donde era Pearce. Los roces se empezaron a acumular.
El Sheriff Arpaio hace agitar sus esposas
Fue poco después de la medianoche del 16 de octubre de 2008, cuando se escuchó la voz del operador del Departamento de Policía de Mesa por el sistema de radio.
“Oigan, hay una gran cantidad de hombres vestidos con lo que parece equipo táctico juntándose en un parque local”, dijo.
Era una fuerza de 60 hombres en el parque cercano al Templo Mormón de Mesa con equipo estilo SWAT y rifles.
Acompañado por perros policías, el grupo irrumpió en el Ayuntamiento de Mesa alrededor de las 2:30 a.m. en un operativo dirigido a inmigrantes latinos. La redada había sido ordenada por el sheriff del condado, Joe Arpaio.
La operación fue un fracaso. Los agentes solo encontraron tres mujeres indocumentadas de mediana edad que hacían limpieza. Ni el alcalde ni el jefe de policía enMea, una ciudad de medio millón de habitantes, tenía idea de los planes de Arpaio
Nacido en 1932 de inmigrantes italianos en Massachusetts, Joe Arpaio hizo de las tácticas divisorias una característica de sus 24 años de reinado como alguacil del condado de Maricopa. Instaló un centro de detención en un campamento sofocante afuera del Ayuntamiento y ordenó redadas de migrantes indocumentados, lo cual se considera como discriminación racial ilegal.
En el apogeo del poder de Arpaio el jefe de policía en Mesa era un inmigrante cubano, George Gascón. Gascón se enfrentó una y otra vez con el Arpaio debido a las afirmaciones del alguacil de que los inmigrantes latinos eran una amenaza criminal.
“En Arizona, ser antiinmigrante es un lenguaje en código para decir que no te gusta la gente morena”, dijo Gascón, quien se convirtió en fiscal de distrito en San Francisco y ahora postula para el mismo puesto en Los Ángeles.
Arpaio alegó que la anarquía de la escalada de la guerra contra las drogas de México se filtraba a través de la frontera. Los grupos antinmigrantes comenzaron a recabar firmas para la implementación de una medida que exige que los electores de Arizona presenten una prueba de ciudadanía, a la vez que publicaban estudios en los que se culpaba a la inmigración en el estado de los delitos violentos.
El programa “Nightline” de ABC News aumentó el ataque en 2009 al afirmar, sin base objetiva, que los cárteles mexicanos de la droga habían convertido a Phoenix en la capital mundial del secuestro, tan solo en segundo lugar después de la Ciudad de México.
Poco después los políticos empezaron a repetirlo: “¿Por qué Phoenix, Arizona, es la capital de secuestro número 2 del mundo?” dijo John McCain, el senador republicano de Arizona que murió en 2018, en Meet the Press. “¿Eso significa que nuestra frontera está a salvo? Por supuesto no.”
Nuevas milicias entraron en acción. Su afán de violencia se hizo evidente una noche de mayo de 2009, cuando una mujer llamada Gina González llamó al 911 desde su casa en la ciudad de Arivaca, cerca de la frontera.
“No puedo creer que hayan matado a mi familia” dijo.
Los atacantes, que se identificaron como agentes de la ley, allanaron su hogar. Dispararon a la pareja de Gonzalez, Raúl Flores Jr. de 29 años y a la hija de 9 años de ambos, Brisenia. Gonzalez recibió tres disparos pero sobrevivió.
Arivaca no parecía ser el lugar para hechos tan sangrientos. Era un pueblo de unos 600 habitantes donde vivían artistas y jubilados. Pero eso fue antes de que se estableciera ahí Minutemen American Defense, uno de los grupos militantes nativistas con más influencia en las guerras migratorias de Arizona.
Cuando los miembros de la milicia llamaron a la puerta de la familia, dijeron que buscaban fugitivos. Pero las autoridades luego dijeron que los asaltantes creían que había efectivo en la casa. La líder era una ex esteticista llamada Shawna Forde.
Agentes federales la rastrearon hasta un rancho remoto en la frontera y la arrestaron. Ella y el hombre acusado de apretar el gatillo fueron finalmente condenados a muerte.
Aún así, incluso después de los asesinatos de Arivaca, los líderes políticos fueron incapaces de tomar medidas enérgicas contra los vigilantes. En cambio, cambiaron su enfoque a otro punto a lo largo de la frontera: un rancho de 35.000 acres cerca de Douglas.
La muerte de un ranchero
La familia de Robert Krentz Jr.’s había trabajado la tierra cercana a Douglas durante décadas. Krentz estaba acostumbrado a que los migrantes cruzaran su propiedad; a los visitantes les decía que a menudo les daba agua a los sedientos que cruzaban la frontera.
Un día de 2010, cuando el Krentz conducía su vehículo todo terreno en el rancho, hizo una confusa llamada de radio en la que al parecer decía que iría a ver a alguien que necesitaba ayuda. Luego la radio se quedó en silencio. Un equipo de búsqueda policial encontró el cuerpo de Krentz ese mismo día, aún en su vehículo. Tenía tres heridas de bala.
Las ventas de armas en la región fronteriza donde fue asesinado aumentaron en un 20 por ciento. La histeria antiinmigrante que había comenzado con el miedo a los secuestros se disparó cuando las autoridades afirmaron que probablemente el asesino de Krentz era un inmigrante, aunque el asesinato nunca se resolvió.
“La combinación de estos dos factores hizo que las personas estuvieran listas para creer y aceptar cualquier cosa”, dijo Stan Barnes, un estratega republicano en Phoenix.
Russell Pearce, el legislador estatal conocido por actuar en contra de los inmigrantes, estaba listo. Después de una serie de crímenes de alto perfil, se promulgó en la legislatura de Arizona su proyecto de ley SB 1070, que generó una protesta nacional.
Jan Brewer, la gobernadora republicana en ese momento, asistió a una gala de líderes empresariales hispanos en honor a nada menos que a Raúl Castro. Brewer dijo en un discurso esa noche que había escuchado las preocupaciones de los líderes hispanos sobre la legislación propuesta. Les aseguró que “haría lo correcto, para que todos fueran tratados de forma justa”.
Empiezan los boicots
Semanas después, Juan Varela estaba regando las plantas de chile en su patio delantero en la calle South Montezuma en Phoenix cuando un vecino, Gary Kelley, se acercó para hablarle de la ley. Kelley había bebido y comenzó a insultarlo a gritos.
“¡Espalda mojada!”, le gritó, según un informe policial. “¡Si no vuelves a México, vas a morir!”.
Varela intentó patear a Kelley en la ingle, pero falló. Luego, Kelley sacó un revólver calibre .38 y le disparó a Varela en la cabeza. Los fiscales lo calificaron como un crimen de odio.
Las consecuencias de la SB 1070 eran claras: nuevamente corría la sangre.
Las organizaciones latinas presionaron para boicotear económicamente al estado. Los viajeros de otros estados comenzaron a cancelar reservaciones de hotel. El Concejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó una medida para limitar las compras de Arizona y evitar que los trabajadores de la ciudad viajaran al estado en visitas oficiales, lo que inspiró a otras ciudades.
Pearce y sus aliados redoblaron su apuesta. Con el argumento de que los niños latinos al crecer querrían derrocar al gobierno de Estados Unidos, cerraron el programa de estudios mexicano-estadounidenses de las escuelas públicas de Tucson y prohibieron los estudios étnicos en todo el estado.
Luego, con Pearce como presidente del Senado estatal, los legisladores conservadores elaboraron propuestas para obligar a los funcionarios escolares y los profesionales médicos a preguntar a estudiantes y pacientes sobre su estado migratorio.
No obstante, el Senado de Arizona desafió a su propio líder y rechazó la legislación propuesta. Finalmente, muchos en el estado parecían haber tenido suficiente.
Aunque Pearce estaba decidido a no ceder, los electores lo sacaron del poder con un referendo en 2011.
Un año después, Castro, cerca del final de su larga vida, soportaba la humillante detención por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Posteriormente, los tribunales declararon inconstitucionales grandes partes de la ley SB 1070 y, cuando fue eliminada, los partidarios de las medidas estrictas en Arizona quedaron marginados en un estado que trataba de superar un episodio de agitación nativista.
Simon Romero es corresponsal del Times radicado en Albuquerque que cubre temas de inmigración, entre otros. Anteriormente fue jefe del buró en Brasil y Caracas, en Venezuela. Desde Houston reportó sobre la industria energética global. @viaSimonRomero
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