CPLT ordenó a Subsecretaría del Interior entrega de información sobre proceso de regulación migratoria

 

El Consejo para la Transparencia ordenó a la Subsecretaría del Interior responder a una serie de consultas relacionadas con personas que podrán ser beneficiarias del proceso de regularización migratoria extraordinaria impulsado por el Ejecutivo. Entre otras materias: si podrán optar a este beneficio solicitantes de reconocimiento de refugio que ingresaron de manera irregular al país; o aquellos que ingresaron a Chile por pasos no habilitados pero con posterioridad obtuvieron una residencia.

Lo anterior se establece en el marco de la decisión del CPLT de acoger un amparo (rol C3765-21) presentado ante el organismo luego de que la Subsecretaría proporcionara una respuesta que, acorde a lo establecido por el Consejo, “no permite satisfacer el requerimiento de acceso en los términos planteados”.

La respuesta, de acuerdo al CPLT –encargado de garantizar el derecho de acceso a información pública- “no permite satisfacer las hipótesis y supuestos específicos planteados por el requirente con motivo de su solicitud de acceso, por cuanto contempla requisitos y presupuestos de carácter genérico para acceder al beneficio, no permitiendo subsumirlos a los escenarios concretos expuestos”.

Para el Consejo, la información solicitada tiene calidad de pública y en su pronunciamiento se reconoce que debe publicarse en Transparencia Activa. Asimismo, subrayó que se trata de una “materia con interés público prevalente” y que los antecedentes requeridos permiten otorgar certidumbre sobre el nuevo marco ormativo y directrices administrativas que regulan la institucionalidad migratoria, además de orientar a aquellas personas que se encuentren habilitadas para acceder al beneficio contemplado en la nueva Ley de Migración.

Respuesta de Interior

La Subsecretaría de Interior respondió a las preguntas realizadas sobre el proceso de regularización actual indicando que éste se rige por el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería. Además, aludió a lo establecido por la Resolución Exenta N° 1.769 fechada en 20 de abril de 2021, en la que el organismo aprobó la regularización de extranjeros ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, y especificó los requisitos para ello.

Tras esta decisión, la Subsecretaría del Interior podrá presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en un plazo de 15 días corridos.

Presidente del CPLT: “Un año de prescripción es poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza”

Ante el retorno de Ponce Lerou a SQM y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con una responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.

Esta mañana el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago sostuvo que un año de prescripción era poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza en alusión a posibles delitos relacionados a la empresa brasilera OAS en el marco del financiamiento de campañas políticas que investiga la Fiscal Ximena Chong.

“Un año de prescripción es poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza, delitos o no, efectivamente los procesos de este tipo son más lentos que ese período. Se entiende la idea de sanear la elección a poco tiempo de realizada, pero un año parece muy poco y es una materia digna de revisarse”

Consultado si Chile estaba en deuda en relación a empresas brasileras como OAS considerando que en otros países han derrocado presidentes o los ha llevado a la cárcel por escándalos de corrupción, Drago afirmó a radio Cooperativa que a diferencia de Latinoamérica, Chile fue el único país donde la crisis por escándalos de corrupción no logró penetrar y que esa experiencia podría ser un ejemplo para nuestros vecinos.

“Me lo ha señalado no sólo personas involucradas desde Brasil en esta investigación sino también estudiosos de la OEA y distintos espacios: Chile fue el único país donde no se logró penetrar sustantivamente a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, es casi digno de estudio, hay que ver qué se hizo bien acá y qué se pudo haber hecho en el resto de Latinoamérica para evitar esta situación, yo no creo que tengamos una situación extendida como la que se vivió en el propio Brasil y en los países vecinos dónde hubo compromisos importantes  con empresas que tenían estos mecanismos de corrupción”, espetó.

El Presidente del CPLT recordó que antes de la reforma de probidad y Transparencia del Gobierno anterior los financiamientos de campañas electorales eran principalmente privados y que hoy tras legislar existe el financiamiento público y una regulación más estricta para evitar gastos excesivos y fuera de control, entre otras medidas.

“Antes el financiamiento venía de empresas, de particulares, ese era ‘el’ financiamiento electoral, eso se prestó para financiamientos normales pero también para financiamientos que bordeaban lo irregular porque evadían esquemas tributarios, por ejemplo”, subrayó.

Sobre el regreso a Ponce Lerou a SQM

Asimismo ante el retorno de Julio Ponce Lerou a Soquimich y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.

Según el titular de Transparencia en el caso de una empresa que estuvo involucrada en esquemas de corrupción, “lo que corresponde es una sanción directa de la empresa, esa es la responsabilidad penal de personas jurídicas” que a su juicio en Chile tiene requisitos muy difíciles de cumplir en la práctica por lo que se hace relevante su modificación.

“Cuando una empresa financia actos de corrupción para beneficiarse, esa empresa es responsable, no sólo sus ejecutivos,  no sólo 1 o 2 personas que pudieron estar involucrados en los pagos directos para tratar de ganar una concesión, de mantenerla, de tener una posición privilegiada, es la empresa completa la que buscó beneficiarse y es la empresa como tal la que tiene que asumir su responsabilidad”, dijo.

Finalmente, Marcelo Drago hizo un llamado a las autoridades para tener una legislación que cuente con responsabilidades penales más sustantivas para actos de corrupción, además de listas negras de empresas de financiaron y facilitaron actos de corrupción “para que no se puedan contratar con el Estado”.

Presidente del Consejo para la Transparencia sugiere intervención de Contraloría por gastos de Carabineros en ex autoridades

 

Más allá de los términos legales, Marcelo Drago hizo un llamado a elevar los estándares éticos de esta y otras instituciones del Estado.

El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, sugirió la intervención de Contraloría para esclarecer los gastos que aún mantiene Carabineros para financiar automóviles, bencina e incluso el TAG de seis ex generales directores.

En conversación con radio Concierto, el titular del CPLT criticó los millonarios montos que ha destinado la institución policial, haciendo también un llamado a elevar los estándares éticos de este y otros organismos del Estado.

“Hay que diferenciar seguridad de los privilegios. Hay gastos personales que difícilmente pueden tener un fundamento en materia de seguridad. Esta es una norma anacrónica, que hoy no se justifica y que debemos revisar profundamente. Tenemos que fomentar un escrutinio sobre las autoridades para facilitar la rendición de cuentas de todos quienes tenemos un cargo público”, sentenció Drago, detallando que cualquier acción que implique el desembolso de recursos del Estado, debe ser razonada más allá de lo normativo.

“Las decisiones deben tener un fundamento y servir al interés público. Si no se pueden respaldar, se cae en la arbitrariedad y en los privilegios sin justificación. Aunque los gastos sean legales, tenemos que cuidar los recursos del Estado”, agregó el presidente del CPLT.

Decreto aludido no es reservado

“Se faculta al General Director para proporcionar, con cargo a sus propios recursos institucionales, los medios humanos, materiales y logísticos necesarios para la debida protección y seguridad de quienes hayan ejercido el Mando Superior de Carabineros”. Ese es uno de los artículos del decreto número 15 de 1998 de la entonces Subsecretaría de Guerra (actual Subsecretaría de FF.AA.) que entre otras cosas, permitiría también la asignación de un dispositivo de seguridad permanente para ex autoridades policiales y que según algunas informaciones, habría sido establecido como “reservado” por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Sin embargo, esto fue desmentido por Marcelo Drago, quien aclaró que dicha disposición nunca ha sido tildada de secreta por la institución, haciendo un llamado a que la ciudadanía se empodere y utilice su Derecho de Acceso a la Información.

“A partir de este caso esperamos que surjan más solicitudes de información en torno a esta u otras situaciones y que en definitiva hablan de gastos o privilegios fuera de contexto (…) formas de fiscalizar esto existen y el secreto en materia de información pública ya no pueden establecerse unilateralmente por la autoridad, tienen que estar justificados en algunas de las causales que establece la constitución. A su vez, nuestro sistema establece la existencia del Consejo para la Transparencia, una institución autónoma que resuelve y fiscaliza el Acceso a la Información”, señaló Drago.

CPLT tras cuestionamientos en “Operación Huracán”: es preocupante el extendido uso de las intervenciones telefónicas sin controles estrictos

Consejo para la Transparencia calificó como “grave” la denuncia realizada por el Ministerio Público e insistió en que protocolos para la interceptación de teléfonos y otros métodos de investigación deben ser profundamente reforzados.

"Al haberse aportado por parte de funcionarios de Carabineros información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades (...) condiciones que hacen dudar fundadamente de su veracidad y autenticidad, el Ministerio Público se ve impedido de continuar con la prosecución de esta indagatoria criminal". 

Con estas palabras, y según varios medios de comunicación, la Fiscalía de la Araucanía anunció el cierre de la investigación en la llamada “Operación Huracán”, que el año pasado concluyó con la detención de ocho personas que habrían tenido vinculación con una serie de ataques incendiarios.

Según el Ministerio Público, las pruebas presentadas por Carabineros habrían sido manipuladas y con ello, se abre una nueva investigación penal por una posible entrega de evidencias falsas.

Esta situación fue calificada como “grave” por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, advirtiendo que situaciones como esta dañan la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.

“Nosotros hemos alertado sobre esta materia hace muchos: la desafección y desconfianza de los chilenos hacia los organismos del Estado sólo se rectificará cuando las instituciones actúen con completa transparencia y probidad. 

Es urgente y perentorio que Carabineros, una entidad que ya estaba siendo cuestionada por sus sistemas de control interno, refuerce ya sus protocolos de investigación”, alertó Drago, agregando que las facultades discrecionales que tiene la policía, como las escuchas telefónicas, también deberían ser sometidas a estrictos mecanismos de revisión.

“La interceptación es un recurso extraordinario que últimamente ha sido utilizado con una frecuencia inédita. 

De hecho, muchas de esas intervenciones han sido finalmente filtradas, lo que también evidencia la apremiante necesidad de establecer protocolos que resguarden esa información bajo estrictos parámetros de protección. Se trata de información que involucra delicados datos personales de todos los ciudadanos. 

Por esa razón, nos preocupa el extendido uso de las intervenciones telefónicas sin controles estrictos, con el poder que entrega a quien las realiza y el potencial abuso que se puede hacer de las mismas”, detalló el presidente del CPLT, haciendo un llamado a que la investigación que ahora se abre se realice “de frente a la ciudadanía y bajo inflexibles medidas de transparencia y probidad”.