Cámara de diputados aprueba el aborto libre hasta 14 semanas

“Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprueba el proyecto para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación”, informó la Cámara de Diputadas y Diputados en Twitter.

La iniciativa fue aprobada en coincidencia con el día internacional “por un aborto legal y seguro”. Está previsto que varias ciudades de Chile sean escenario de protestas en favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

La moción, que fue ingresada en el Congreso en 2018 por diputadas progresistas de la oposición, busca modificar la actual ley del aborto, vigente desde 2017, que solo lo permite en tres causales.

Las tres causales son que exista riesgo vital para la mujer en el embarazo, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal o que el embarazo sea resultado de una violación.

El Código Penal chileno tipifica penas de prisión para el resto de causas.

“¡Aprobada la despenalización del aborto! Esto es por todas las mujeres y personas gestantes que se han visto perseguidas y criminalizadas, sobre todo si son de menos recursos”, dijo en Twitter la diputada comunista Camila Vallejo, una de las impulsoras de la moción.

“¡Abajo el patriarcado, que va a caer, va a caer! Arriba el feminismo, que va a vencer, va a vencer”, añadió Vallejo.

“¡Las mujeres no debemos ir a la cárcel por abortar! La maternidad será deseada o no será”, dijo la diputada socialista Maya Fernández en Twitter.

En tanto, el senador conservador Iván Moreira criticó la decisión de la Cámara Baja: “¡Cada día puede ser peor! Aborto libre la licencia para matar de la izquierda”, escribió en Twitter. 

 
“No hay razón para innovar”

El gobierno conservador de Sebastián Piñera se ha opuesto a reformar la ley de aborto.

“No hay razón sanitaria para innovar en esta materia. Nosotros queremos señalar que la postura del Ejecutivo es la defensa de la vida y lo vamos a seguir diciendo”, indicó el subsecretario de la Presidencia, Máximo Pavez.

Para que se convierta en ley, el texto tiene que pasar por el Senado. Antes, legisladores de la Cámara Baja precisarán algunos aspectos de la norma, pero sin cambiar el fondo de la misma.

Hasta hace unos años era impensable que el Congreso chileno debatiera un proyecto de despenalización del aborto debido a la férrea oposición de la Iglesia católica.

Sin embargo, la Iglesia ha caído en el descrédito en Chile por numerosos escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, lo que ha mermado su influencia en el debate público.

Ahora solo el 20% de los chilenos confía en la Iglesia, según una reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un ‘think tank’ de tendencia liberal. 

 
Manifestaciones

De forma paralela al debate parlamentario, estaban convocadas en Santiago y otras ciudades chilenas manifestaciones en favor del aborto legal, seguro y gratuito, en el marco del “Día de Acción Global por un aborto legal y seguro”.

 

Congreso retoma sus funciones en jornada marcada por interpelación a ministra Plá

Tras el fin del receso legislativo que se extendió durante febrero, el Congreso retomará este martes sus funciones. Una jornada que estará marcada por la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, en la Cámara de Diputados.

La acción fiscalizadora -que fue impulsada por un grupo de parlamentarias de oposición que acusan "omisión absoluta y falta de compromiso” de Plá en la cartera- se realiza a menos de una semana de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y corresponde a la quinta interpelación en contra de un secretario de Estado.

La diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, será quien ejercerá en esta oportunidad el rol de interpeladora, y abordará dos temas: la “ausencia” de la ministra durante el estallido ante las denuncias de violencia hacia la mujer por parte de agentes del Estado y la “falta" de una estrategia del Ejecutivo para enfrentar los femicidios.

Intensa semana legislativa

La primera semana legislativa del periodo 2020 estará marcada por la discusión de una serie de iniciativas, entre éstas, el debate sobre el mecanismo que permitirá la paridad de género en el órgano constituyente, en el caso de que la opción ‘Apruebo’ se imponga en el plebiscito del próximo 26 de abril.

Ante la falta de consensos entre oposición y oficialismo respecto a este tema, la iniciativa será revisada en Comisión Mixta. Los parlamentarios han planteado que la reforma constitucional debe quedar zanjada justamente durante esta semana en que están programadas distintas manifestaciones sociales de cara al 8 de marzo.

Se espera que durante estos días se desarrollen otros debates en materia de reforma al sistema de pensiones -a cuyo proyecto el Presidente Sebastián Piñera anunció que pondrá discusión inmediata-, a Fonasa, y el aumento del ingreso mínimo garantizado que también tiene urgencia del Ejecutivo. Estas iniciativas están siendo impulsadas por el gobierno.

También se revisará el proyecto de infraestructura crítica, que permite a las Fuerzas Armadas resguardar lugares como hospitales, estaciones de Metro, entre otros, y que ha provocado divisiones al interior de la oposición.

Tres impactos de una casi inédita acusación presidencial

 

Será imposible de soslayar durante los próximos 22 días, dado que se estaría votando a más tardar del 12 de diciembre en la sala de la Cámara de Diputados. La histórica -que no inédita- acusación constitucional presentada ayer contra el Presidente Sebastián Piñera, tiene varias barreras por falta de votos, pero no será inocua y acarreará complicaciones en las dos facciones en pugna. En ambas temen que se crispe el clima social y político, y cada una tiene sus propios flancos.

¿Casi inédita? Claro. Es la primera contra un mandatario en ejercicio bajo esta “moribunda” Constitución, pero es la segunda vez en la historia luego de la que se interpuso en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo durante su segundo mandato, por una retahíla de argumentos que incluían más de una veintena de casos de familiares trabajando en el aparato estatal. Zafó. El fundador de Carabineros tiene el récord de ser el único mandatario que ha pasado por esto dos veces. La primera fue en 1931, después de que cayera su gobierno durante una crisis que siguió a la Gran Depresión de 1929, y fue aprobada por el Congreso. Pero sirvió de poco y nada, porque el general ya había entregado el mando meses atrás y había huído del país haciendo caso omiso de las normas legales: hasta se defendió enviando una carta desde Buenos Aires en que justificada la represión aplicada en los últimos días.

Fin del rewind: castigo nunca hubo, porque Ibáñez regresó de su exilio, fue electo senador por Santiago en 1942 y en 1952 estaba de nuevo instalado en La Moneda.

Dejando el sepia y volviendo al color. Esta afrenta política anoche sacaba en Palacio comentarios del tipo “son unos antidemocráticos confesos”, como lo hacía ver uno de los integrantes del gabinete más cercanos al Mandatario. Hoy en la mañana, el Presidente salió por primera vez de Santiago desde que el 18/O detonó la crisis, a supervisar otro incendio, el que asola a Valparaíso. Allá mismo, pero en el Congreso, se sorteaba en una tómbola la comisión revisora. Tres de oposición y dos de gobierno: Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y Gastón Von Muhlenbrock (UDI).

¿Qué complica a lado y lado? Veamos.

La oposición, con medio metro cuadrado

Las once firmas con las que se presentó el libelo incluyen a una PPD, la diputada Carolina Marzán, y dos PS, Emilia Nuyado y Jaime Naranjo. Esto compromete de hecho a ambos colectivos, aunque ninguno de los dos ha tomado una decisión oficial. Marzán le avisó hace unos días a su jefe de bancada, el diputado Ricardo Celis, que lo hacía por motivos personales; él no le puso peros. Algo parecido hicieron los socialistas al contarle a Manuel Monsalve, pero aunque en ese partido tampoco han bajado línea, el tema los complica.

“Hemos tenido severas dudas sobre la estrategia a seguir”, cuentan en las filas que dirige Álvaro Elizalde: el PC y elementos del Frente Amplio llevan el estandarte de esto y en las calles aún suena fuerte el “renuncia Piñera”. En sus 110 páginas, la acusación se cimenta en un detallado relato de violaciones a los derechos humanos que no es sencillo de soslayar entre los diputados. Resumen: hasta ahora la postura extraoficial es no liderar la presentación, pero sí votarlo a favor en la sala.

Además, con parte de quienes hoy siguen en la calle molesta contra el acuerdo para una nueva Constitución (no olvidar la agresiva funa contra Beatriz Sánchez y personeros del Frente Amplio el domingo), en el PS creen que bien eso podría volverse contra sus filas si le dan la espalda a los comunistas en esta vuelta.

Pero en contra pesan argumentos que los parlamentarios PS han digerido puertas adentro. Aun en el remoto caso que en la Cámara se lograra una mayoría, hay cero posibilidad que el juicio político pase el colador del quórum de 2/3 en el Senado (se exige una vara más alta que para acusar a un ministro). “Lo declararán inocente y con eso se fortalecerá la impunidad”, reclama un parlamentario de ese partido. Además, dicen, ya se acogió a tramitación una querella contra el Presidente, si es que el punto es no dejárselo pasar. En este punto se teme que en vez de dejar testimonio, como dicen en el PC, en la lucha por los derechos humanos, al final le hagan un flaco favor.

En el PS agregan que por eso la acusación es una medida “políticamente ineficaz”. El otro gran problema que vienen mirando hace rato es que le regalarían al gobierno y a su sector más que un respiro, justo cuando Palacio está en medio de una gran presión por parte de RN y con poco margen de acción. “Los uniríamos en torno al Presidente y les regalaríamos un triunfo”, reclaman, además -alertan- de desviar la atención del movimiento social.

Todo esto ha provocado efectos hasta ahora inéditos en la historia de las acusaciones. Ya van tres senadores que se han manifestado en contra de presentarla, rompiendo la regla de que ninguno habla hasta que no llegue al Senado para no quedar inhabilitados como jurado: el presidente, Jaime Quintana (PPD), y dos socialistas. José Miguel Insulza ya dijo que “una salida prematura del Presidente significaría una decisión muy grave”. Isabel Allende se sumó al sincerar hoy en Radio Concierto que “no soy partidaria de ese camino” y que “los presidentes cuando son elegidos democráticamente, deben terminar sus períodos. Eso es algo que tengo muy profundamente en mi alma”. En la DC tampoco hay buena recepción. “Me parece que no es oportuna, además todos sabemos que no es viable… (..) esto puede terminar siendo un combustible para que vuelva un nivel de crispación social y ciudadano de polarización que no hace bien a nadie”, dijo hoy su timonel, Fuad Chahin, en radio Infinita.
El PC, fuera del acuerdo y a la cabeza de la ofensiva

Estos argumentos no disuadieron al PC y demás firmantes, que en el texto sostienen que “si bien hay quienes consideran que acusar constitucionalmente al Presidente pugna con la democracia, lo cierto es que el principio republicano indica precisamente lo contrario: sólo en regímenes autoritarios o monárquicos el Jefe de Estado está exento de responsabilidad por sus actos”.

El partido -que todavía recibe críticas por no haber firmado el acuerdo para una nueva Constitución- se jugará muchas fichas en esto. Su bancada de diputados, cuentan en el Congreso, iniciará por estos días una intensiva campaña de difusión masiva de la acusación. “Vamos a sacar una versión popular, tipo folleto, y en powerpoint”, explican en el colectivo de la hoz y el martillo. Lo llevarán a las ferias y concentraciones, dicen.

Esta idea de convertir la acusación en herramienta masiva, agregan en el PC, se mantendrá en el tiempo durante los días que haga falta. Y eso instala la duda de cuánto prenderá en la calle y si arrinconará de algún modo al resto de la oposición. En concreto al PS, porque de momento la DC parece marginarse del todo.
La crispación que alarma a La Moneda

Pero a pesar del escaso peligro que representa, en La Moneda hay preocupación por varias razones. La primera, dicen allí, es que en este cuadro una acusación como ésta “crispa y dinamita” el ambiente que se buscaba en los últimos días y que así “el esfuerzo político para buscar una salida institucional a la crisis se pone entredicho”, comentan en el Ejecutivo.

O sea, insisten, un retroceso en las relaciones que se venían construyendo con la oposición. Así, algunos ministros del comité político; el subsecretario de la Segpres, Juan Francisco Galli; y su par de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, han tenido conversaciones informales con algunos personeros de la oposición para sondear sus posturas y pedirles que haya definiciones claras. Por ejemplo, el viernes pasado en el Congreso, entre las conversaciones y discusiones de trasnoche durante la tramitación del Presupuesto, se le hizo ver a parlamentarios opositores que eso “no coincide” con la paz política que se busca. “¿Cómo negociar proyectos en el Parlamento si están acusando o no están haciendo nada por evitar que acusen al Presidente?”, resumen.

Pese a eso, tampoco se estaban desplegando -como ocurre en casos como éste- operaciones ni conversaciones tendientes a minar la ofensiva opositora. En la Segpres sostienen que primero esperarán a que los partidos determinen si están a favor o en contra de la acusación contra Piñera, antes de determinar qué hacer. Eso sí, según fuentes de gobierno, varios parlamentarios de la oposición han transmitido que “no están a favor” del libelo y que no lo apoyarán.

La crispación que genera la acusación, dice el Ejecutivo, traería consigo otra consecuencia: un eventual aumento el rechazo ciudadano y, por lo tanto, el incentivo para nuevas movilizaciones y presión social. El escenario de nuevas marchas y lo que sea que venga con ello es un punto de diagnóstico compartido en ambas facciones en pugna.

Además, algunos en La Moneda ven otro elemento de complicación: el costo personal que significa para Piñera, quien está siendo duramente cuestionado por su manejo en materia de derechos humanos. Si bien, otros en Palacio dicen que con o sin acusación ese flanco ya está en el tapete, hay quienes consideran que con la ofensiva las críticas se van a recrudecer. Esto, en un escenario en que, además, organismos internacionales han venido a Chile a realizar sus monitoreos en terreno. Hoy en la mañana, precisamente, recibió a una delegación de Human Rights Watch.

De hecho, en el gobierno están a la espera del informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el que, de ser desfavorable, reconocen, podría recrudecer aún más los ánimos con sectores de la oposición. En el PS circulan trascendidos que se estaría a la espera precisamente de eso -para qué decir si Michelle Bachelet en persona se pronuncia- antes de tomar una decisión final. Pero al menos sus parlamentarios niegan haber analizado puertas adentro este factor.

En paralelo, La Moneda ha ido reforzando su estrategia para visibilizar lo que están haciendo para resguardar los derechos fundamentales y determinó suspender -luego de más de 200 casos de personas con daño ocular- el uso de balines como medida durante las manifestaciones.

Con todo, en Palacio si bien recalcan que la acusación es una complicación y que deberán seguir con todos los pasos formales, lo que implica la elección de un abogado que represente a Piñera, afirman que las diferencias que existen en la propia oposición sobre la ofensiva “ocupará parte importante de la agenda”.

latercera

Caos en la Cámara de Diputados: pugna entre parlamentarios durante sesión extraordinaria

La sesión de la Cámara de Diputados, que estaba programada para las 17:00 horas de este domingo, inició y por momentos rápidamente estuvo suspendida.

Si bien fue retomada más tarde, la pugna floreció a raíz de una nueva polémica: parlamentarios de oposición exigen explicaciones a la mesa de la Cámara por modificar la tabla para tramitar sólo el proyecto que suspende el alza del transporte público sin abordar el Estado de Emergencia, tal como se había planteado ayer sábado.

En medio de ello, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el proyecto que suspende el alza de tarifas en la Región Metropolitana, tras lo cual pasó a la Sala.

Pero durante la sesión se ha desatado un espectáculo vergonzozo desde todos los sectores políticos. Se generó un debate respecto a la seguridad. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, reportó al Congreso una serie de supermercados saqueados y pidió ayuda para responder a la situación de emergencia, considerando que muchas fuerzas policiales estaban intentando combatir las manifestaciones contiguas al Congreso.


Por ello algunos sectores comenzaron a debatir respecto a la opción de suspender la sesión. O que se votara rápidamente el proyecto en discusión. Y en medio de ello el parlamentario Jorge Brito (RD) dijo que el Frente Amplio se iba a retirar de la Sala. Aquello generó una pugna a gritos entre los parlamentarios que el presidente de la Cámara no ha podido controlar.

Y así lo hicieron, pero tras un comité parlamentario volvieron a integrarse. De todos modos, muchos diputados no han llegado, probablemente ante las dificultades de desplazamiento en aeropuertos y en buses interurbanos, sobre todo aquellos que vienen de zonas más alejadas. Con todo, pasadas las 19:00 horas habían 82 de 155 congresistas. Así continuaron discutiendo el proyecto para enviarlo a su siguiente trámite en el Senado, que iniciará a las 9:00 horas del lunes.

En tanto, en las afueras continúan los enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros. La situación poco a poco se va agudizando. 

bbcl 

Así estará compuesto el Congreso con el que gobernará Sebastián Piñera

La diferencia de votos entre ambos candidatos resultó ser estrecha. En ese escenario resulta de mayor relevancia la inclinación que tiene el nuevo Congreso, elegido el pasado 19 de noviembre.
 
SENADO

Desde 2018, el Senado tendrá 43 miembros, debido a la nueva división electoral del país que terminará de implementarse en 2021, ocasión en que se voten los senadores en las regiones pares y Metropolitana. Entonces, la Cámara Alta quedará con 50 integrantes.

Aunque en las elecciones legislativas recientes Chile Vamos aumentó sus cupos a 19 (44,1%), de todas maneras La Fuerza de la Mayoría sigue teniendo más representantes, quedando con 21 escaños (48,8%). Hay que considerar además que en 2018 también habrá un representante del MAS y uno de Revolución Democrática, quienes seguramente tendrán más coincidencias con la coalición de centro izquierda.

DIPUTADOS

En la Cámara Baja el ganador neto es Chile Vamos con 71 diputados (45,8%), mientras que La Fuerza de la Mayoría tiene sólo 57 escaños (36.7%).

Sin embargo, el bloque de izquierda se potencia para posibles alianzas, puesto que el Frente Amplio posee 21 asientos (13,5%).

Un tercio de los diputados chilenos pagó por informes plagiados

Al menos 40 diputados han pagado por informes que fueron plagiados total o parcialmente sin que se citaran las fuentes originales en el actual periodo legislativo.

De acuerdo con un reportaje de Ciper, que analizó una muestra de informes pagados entre 2014 y 2016, 107 documentos pagados por parlamentarios de todas las bancadas fueron copiados al menos en algunos párrafos de textos que no fueron citados.

El sitio de investigación periodística afirma que "algunos de los millonarios informes que encargan los diputados a sus asesores externos tienen un nivel tan bajo que apenas podrían servir para aprobar un examen de educación media. Por ejemplo, el que pidió el diputado Ricardo Rincón (DC) en febrero de 2016. Se trata de un documento de siete páginas –incluida la portada–, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una web que utilizan los escolares para hacer tareas. La asesora Paulina Gómez Barbosa recibió $2,2 millones por el esfuerzo que le significó copiar lo escrito por José Pérez, un estudiante de derecho de la Universidad Peruana de Las Américas".

El sitio de investigación periodística explica que en su estudio detectaron 18 informes plagiados íntegramente y 89 plagiados parcialmente, los que fueron encargados por diputados que van desde la UDI al PC y para cuyo pago se utilizaron los 2,4 millones de pesos mensuales con los que cada legislador cuenta mensualmente para este tipo de trabajos.

De acuerdo con esta investigación, los parlamentarios que recibieron documentos completamente copiados son los siguientes:
Gustavo Hasbún (UDI): 3 informes.
Claudia Nogueira (UDI): 2 informes.
Carlos Vilches (UDI): 2 informes.
Roberto León (DC): 2 informes.
Sergio Ojeda (DC): 2 informes.
Carlos Jarpa (PR): 1 informe.
Javier Hernández (UDI): 1 informe.
Juan Antonio Coloma (UDI): 1 informe.
Marco Antonio Núñez (PPD): 1 informe.
Marcos Espinoza (PR): 1 informe.
Ricardo Rincón (DC): 1 informe.
Marta Isasi (Independiente): 1 informe.

Los legisladores que recibieron al menos cuatro informes con párrafos completos plagiados de fuentes no citadas son los siguientes:
Claudia Nogueira (UDI): 8 informes.
Camila Vallejo (PC): 8 informes.
Marcos Espinoza (PR): 6 informes.
Carlos Jarpa (PR): 6 informes.
Gustavo Hasbún (UDI): 6 informes.
Gabriel Silber (DC): 6 informes.
Osvaldo Andrade (PS): 5 informes.
Roberto León (DC): 5 informes.
Andrea Molina (UDI): 4 informes.
Sergio Ojeda (DC): 4 informes.
Fidel Espinoza (PS): 4 informes.

Además de los parlamentarios mencionados en este reportaje, CIPER también nombra como receptores de informes plagiados a Aldo Cornejo (DC), Carlos Vilches (UDI), Christian Urízar (PS), Cristián Campos (PPD), Cristina Girardi (PPD), Daniela Cicardini (PS), Felipe de Mussy (UDI), Fernando Meza (PRSD), Fuad Chahín (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Iván Flores (DC), Javier Hernández (UDI), Jorge Sabag (DC), Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Marcela Hernando (PRSD), María José Hoffmann (UDI), Maya Fernández (PS), Miodrag Marinovic (Independiente), Pablo Lorenzini (DC), Paulina Nuñez (RN), Pedro Álvarez Salamanca (UDI), Sergio Aguiló (Independiente) y Vlado Mirosevic (PL).

 

 

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