El caso data desde el 2006, después de que uno de los buses de la
empresa Fierro se viera involucrado en un accidente de tránsito, en la
Ruta 5 a la altura de Llanquihue, donde hubo dos personas que resultaron
lesionadas de gravedad.
Ambas pasajeras quedaron con
serias secuelas, que al día de hoy las mantienen afectadas en su estado
de salud. Al no responder el dueño de la empresa de buses, José Fierro
Guerrero, las víctimas demandaron civilmente, siendo acogido el
requerimiento en todas las instancias legales; incluso, en la Corte
Suprema que determinó el pago de una indemnización de $100 millones para
las dos mujeres.
De acuerdo a la imputación del
Ministerio Público, el demandado incurrió en tres delitos, por lo que a
José Fierro y a su hijo Manuel Fierro Alarcón les formularon cargos por
desacato, celebración de contrato simulado y destrucción fraudulenta de
bienes embargados.
En la formalización llevada adelante en
el juzgado de Puerto Montt por la fiscal (s) Nathaly Jonsson (la causa
es de la fiscal Miriam Pérez), la jueza de garantía Mónica Sierpe
decretó arraigo nacional para ambos imputados y un plazo de cierre de la
investigación de 45 días.
Tras la resolución de la Corte
Suprema, los imputados habrían celebrado un contrato irregular de
traspaso de bienes (buses embargados) y además habrían destruido las
máquinas que habían estado sujetas a embargo.
El abogado
querellante Rodrigo Tejos dijo que sus representadas -hasta la fecha- no
han recibido la indemnización.
“Él (imputado) no ha abonado ni pagado
voluntariamente nada de lo que la Corte Suprema dictaminó;
efectivamente, hay un abono que no alcanza al 10% de las indemnizaciones
a las que fueron condenados, pero ello no fue un abono voluntario, sino
que fue una acción judicial que se tuvieron que embargar buses
dolosamente deteriorados para alcanzar un menor valor”, anotó Tejos.
Ni
los imputados ni el abogado defensor Nofal Abud quisieron hablar.
Este
último, en la audiencia se quejó porque sus representados nunca fueron
citados a la Fiscalía.
“La sentencia está cumplida y las querellantes han recibido 20 millones”, dijo Abud.
