Fiscalía de Puerto Montt solicita para Glicciano Rocco una pena de ocho años, por tres delitos. Para la defensa, no es estafador


Alegó seis veces en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, una vez en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) -el mismo donde está siendo juzgado- y revirtió la medida cautelar de prisión preventiva de 13 personas en el Juzgado de Garantía.Esa fue la labor que durante un año y tres meses desempeñó como abogado en la capital regional Glicciano Rocco Rocco (47 años), quien está acusado de estafa, ejercicio ilegal de la profesión, usurpación de nombre y uso malicioso de instrumento público falso.

El Ministerio Público está pidiendo una pena de ocho años, tras ser descubierto ejerciendo ilegalmente la profesión de abogado.

Hoy, en la primera jornada de juicio oral, varias veces tuvo que intervenir la jueza presidenta de sala del TOP, Rosario Cárdenas, al acusado Rocco para que la audiencia se siguiera desarrollando con normalidad; ello, debido a los conocimientos que el imputado demostró del Código Penal, especialmente en materia relacionada con la Ley 20.000, que se refiere al tráfico de drogas.

La sala está compuesta además por los jueces Andrés Villagra y Cristian Rojas.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, son alrededor de $44 millones los defraudados por el acusado. 

El mismo documento indica además que se trata de 20 víctimas, y entre ellas se encuentra el abogado que Rocco suplantó con una cédula de identidad adulterada que tenía la foto de Glicciano Rocco, sin que coincida con el nombre.

Se trata del abogado civil especializado en la banca, en Santiago, Patricio Andrés Pacheco, quien es uno de los testigos que prestará declaración en el juicio.Con la identidad de Patricio Pacheco, Rocco alegó en las salas del juez presidente del Juzgado de Garantía Patricio Rondini y de la magistrada Marcela Araya, quien incluso también prestará declaración en el juicio como testigo, junto a otros dos funcionarios del tribunal.

El fiscal Marcelo Maldonado dijo que en el caso del abogado Patricio Pacheco era complejo pedir al sistema que elimine los registros por defensa en hechos de tráfico de drogas. 

“El es un abogado civil del rubro bancario”, aseveró.

El abogado querellante Sergio Coronado, que representa a Patricio Pacheco y a 12 familias afectadas, está solicitando en la acusación particular 10 años de presidio.“Engañó a todo el sistema penal judicial; pero, engañó a 12 familias que estaban en vulnerabilidad y utilizó el nombre de las víctimas”, adujo Coronado.

Jorge Matzner, defensor de Rocco, afirmó que su representado logró la libertad de varios imputados, “sin que ello haya sido logrado por los verdaderos abogados, con títulos”, anotó.Matzner hizo mención a la falta de testigos -en el juicio- que recuperaron la libertad por la acción de Rocco.Para el profesional, concurre el delito de ejercicio ilegal, pero no el de estafa. 

“No es el hecho de ser o no abogado; el estafador es el sujeto que trabaja para perjudicar a otra persona, ése es su único interés: 'cómo le saco plata a este tipo, cómo lo timo y después me arranco'. 

En este caso no, porque era una persona que venía en forma permanente a los tribunales, trabajaba los casos, alegaba en la corte y permanentemente revisaba las medidas cautelares, y estaba cien por ciento preocupado de sus clientes, y allí la motivación no era estafar a los clientes, sino que los resultados eran su principal motivación”.Matzner se refirió a la situación del falso médico Mauricio Brantes Figueroa, quien en el consultorio Mirasol habría diagnosticado mal a una paciente, que ahora está con un cáncer avanzado. 

“A esta persona no se le pidió la prisión preventiva y está cumpliendo sólo arresto domiciliario”.Según el fiscal Marcelo Maldonado, este juicio tiene un engranaje jurídico que se tiene que ir desarrollando.Para el persecutor, lo cierto es que hay personas que contrataron al imputado sobre la base que era Patricio Pacheco, que era abogado.

“Esas prestaciones, con esa calidad, no se dieron; se renunció a un estándar que estableció el propio legislador a través de la Defensoría Penal Pública y al no haberse otorgado un estándar básico, que es quien defiende a otra persona sea abogado, claramente hay un perjuicio para las personas”, manifestó. 

SP
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