El presidente de Perú, Martín Vizcarra, arremetió este viernes contra el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que acudió al CIADI para conseguir una millonaria indemnización por un contrato de un gasoducto cancelado hace tres años.
"Como gobierno vamos a hacer prevalecer los intereses del Estado y del pueblo del Perú" en el CIADI, dijo Vizcarra sobre el caso llevado ante el organismo del Banco Mundial que dirime controversias comerciales.
Eje de un escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos, Odebrecht anunció el miércoles que acudía al CIADI -Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington- en busca de una indemnización de 1.200 millones de dólares para "preservar sus legítimos derechos".
La controversia se originó porque el gobierno peruano canceló, el 24 de enero de 2017, el contrato para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, del que ya se había hecho un tercio.
La obra inconclusa, de 1.000 km de longitud, debía transportar gas natural a través de las altas cumbres de los Andes desde Quillabamba, en la región de Cusco, hasta la costa de Arequipa.
"La posición del gobierno es clara y no vamos a estar en función de los vaivenes de la empresa", expresó Vizcarra en una visita a la ciudad de Arequipa, al comentar por primera vez esta controversia.
La constructora, que colabora con la fiscalía peruana en las investigaciones de hechos de corrupción, dijo en un comunicado que "no ha tenido más remedio que iniciar formalmente un arbitraje internacional en el CIADI buscando preservar sus legítimos derechos y de sus acreedores".
Sin embargo, su decisión fue tildada como una "frescura" por el primer ministro peruano, Vicente Zeballos.
El contrato fue cancelado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski después de que la brasileña admitiera que había pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos peruanos para conseguir negocios.
Irónicamente, Kuczynski dimitió 14 meses más tarde sumido en mismo escándalo, pues había recibido pagos por asesorías a Odebrecht mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Kuczynski (2016-2018) permanece bajo arresto domiciliario desde abril por el caso Odebrecht, mientras Toledo está en prisión en Estados Unidos en virtud de una solicitud de extradición de Perú.
También están bajo la lupa de la Fiscalía por este escándalo de sobornos el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva dssde el 28 de enero.
Por su parte, el dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril cuando iba a ser detenido en el marco de esta megacausa, que también involucra a decenas de otros funcionarios y políticos peruanos.
"Como gobierno vamos a hacer prevalecer los intereses del Estado y del pueblo del Perú" en el CIADI, dijo Vizcarra sobre el caso llevado ante el organismo del Banco Mundial que dirime controversias comerciales.
Eje de un escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos, Odebrecht anunció el miércoles que acudía al CIADI -Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington- en busca de una indemnización de 1.200 millones de dólares para "preservar sus legítimos derechos".
La controversia se originó porque el gobierno peruano canceló, el 24 de enero de 2017, el contrato para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, del que ya se había hecho un tercio.
La obra inconclusa, de 1.000 km de longitud, debía transportar gas natural a través de las altas cumbres de los Andes desde Quillabamba, en la región de Cusco, hasta la costa de Arequipa.
"La posición del gobierno es clara y no vamos a estar en función de los vaivenes de la empresa", expresó Vizcarra en una visita a la ciudad de Arequipa, al comentar por primera vez esta controversia.
La constructora, que colabora con la fiscalía peruana en las investigaciones de hechos de corrupción, dijo en un comunicado que "no ha tenido más remedio que iniciar formalmente un arbitraje internacional en el CIADI buscando preservar sus legítimos derechos y de sus acreedores".
Sin embargo, su decisión fue tildada como una "frescura" por el primer ministro peruano, Vicente Zeballos.
El contrato fue cancelado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski después de que la brasileña admitiera que había pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos peruanos para conseguir negocios.
Irónicamente, Kuczynski dimitió 14 meses más tarde sumido en mismo escándalo, pues había recibido pagos por asesorías a Odebrecht mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Kuczynski (2016-2018) permanece bajo arresto domiciliario desde abril por el caso Odebrecht, mientras Toledo está en prisión en Estados Unidos en virtud de una solicitud de extradición de Perú.
También están bajo la lupa de la Fiscalía por este escándalo de sobornos el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva dssde el 28 de enero.
Por su parte, el dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril cuando iba a ser detenido en el marco de esta megacausa, que también involucra a decenas de otros funcionarios y políticos peruanos.
