En el marco del programa "Alimentos para Chile" (del Ministerio de Desarrollo Social y Familia), la Contraloría General de la República hizo un informe con el levantamiento de información de la tercera entrega de cajas en Atacama. Tras ello, se descubrió que 133 personas estaban muertas a la hora de recibir el beneficio. Según consignó El Diario de Atacama, aún no está claro si los más de cien atacameños "recibieron" las cajas.
En el informe se especifica: "de las bases de datos rendidas por las gobernaciones a la Intendencia Regional, esta entidad de control remitió los RUN de los beneficiarios que en ella se consignaban al Servicio de Registro Civil e Identificación, el cual informó de 133 RUN correspondientes a personas que habrían recibido la caja de alimentos, los cuales a la fecha de recepción de las cajas, ya habían fallecido de acuerdo a sus registros".
De acuerdo al texto, también se detectó RUN incompletos, sin dígitos verificadores y sin uniformidad en su formato. Y, "transgresión de higiene y seguridad de las personas que prestaban ayuda con la recepción, custodia y entrega".
"El 26 de octubre de 2020, en el centro de acopio Aeródromo de Vallenar, no se tomó la temperatura en el ingreso de los funcionarios de este órgano fiscalizador", dice el informe. Tras ello, desde la Delegación Presidencial se precisó que en Atacama entregaron más de 115 mil cajas de alimentos. Según explicó el delegado Patricio Urquieta, "hubo una observación de la entidad de control que apuntó a 133, es decir a cerca del 0,1% del total. Revisamos los antecedentes y vimos que el informe de la contraloría confundió la fecha de defunción de las personas con la de su nacimiento en el 80% de los casos que se observó y, por ende, eran personas que estaban vivas".
Agregó que "el 20% restante, corresponde a personas que estaban registradas previamente en los listados que llevaban los funcionarios para ir a esos domicilios a dejar la ayuda y dado que habían fallecido, la caja se entregaba en el mismo domicilio a un miembro de su familia, porque la condición socioeconómica era la misma". En relación a los errores de dígitos en los RUN, Urquieta aclaró que correspondía a 22 personas, lo que es un 0,02% del proceso total. Y, respecto al día que no se tomó la temperatura de los funcionarios, recalcó que "eso pasa porque, por no entorpecer la labor de los fiscalizadores y para facilitar su tarea, no quieren controlarlos, pero estoy seguro que si hubieran tenido fiebre o algún síntoma parecido al covid-19, por ningún motivo habrían ido a trabajar".
Con todo, enfatizó en que "el objetivo del control estaba cumplido". Finalmente Lucy Zepeda, directora regional del Registro Civil e Identificación, señaló al medio que "a nivel regional no se ha requerido por parte de la Contraloría ningún tipo de información relativo a la verificación de cédulas de identidad de usuarios que sean directamente beneficiarios del programa de cajas de alimento".
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