Durante las últimas semanas, distintos municipios han adoptado una serie de medidas relacionadas con la propagación del Covid-19 en el país. Algunas de estas determinaciones regulan las normas sanitarias o incluso el libre tránsito en las respectivas comunas.

Luego de recibir varias denuncias relacionadas con estas medidas, la Contraloría General emitió este martes un pronunciamiento. De acuerdo a lo informado por la institución, dichas acusaciones dicen relación con declaraciones de emergencia comunal, cuarentena en los respectivos territorios y el cierre o fijación de horarios de funcionamiento de determinados establecimientos.

En el oficio 6.785 con fecha 24 de marzo, el organismo señala que “las entidades edilicias se encuentran facultadas para desarrollar funciones relacionadas, en lo que importa, con la salud pública, con el transporte y tránsito públicos, y con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes”. No obstante, el oficio sostiene que “el ejercicio de dichas atribuciones en ningún caso puede afectar los derechos que garantiza la Constitución Política a todas las personas".

Posteriormente, el órgano contralor advierte que “aún en las condiciones de calamidad pública, los municipios se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento al mencionado principio de juridicidad”, y que “corresponde al Presidente de la República y los jefes de la Defensa Nacional adoptar decisiones que signifiquen afectar derechos fundamentales en los términos que establece la normativa indicada, sin que competa a las municipalidades decretar medidas como las aludidas que importan arrogarse atribuciones de las que carecen y mermar la unidad de acción necesaria para superar la crisis sanitaria y restablecer la normalidad constitucional”.

Presencia en matinales: “sobreutilización de la imagen personal del alcalde"

En el oficio, la Contraloría también se refiere a la participación de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral. Respecto a este tema, señalan que la presencia en estas producciones “además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal”.

El organismo agrega que podría constituir “una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos”.

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