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Decretan prisión preventiva contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa

Tal como se había adelantado y solicitado, este viernes por la tarde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa.

El exfuncionario policial está imputado por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados, lavado de activos y falsificación de instrumento público, según detalló el Poder Judicial de Chile en sus redes sociales.

Recordemos que el pasado jueves continuó la audiencia de formalización del exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, por su presunta responsabilidades en los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Por ello es que en ese momento, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Espinosa por la presunta apropiación indebida de $146 millones de gastos reservados, situación que finalmente terminó ocurriendo en la presente jornada.

Los antecedentes del caso de Héctor Espinosa

Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes a cargo de la investigación, señaló en La Tercera que “entre los años 2015 y 2017, en dependencias del edificio institucional ubicado en General Mackenna 1370, de la comuna de Santiago, el referido director general de la PDI sustrajo ingentes montos de dinero proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignación de dicha institución”. La misma fiscalía solicitó durante la formalización que Espinosa fuera puesto en prisión preventiva.

En total, y durante esos años, Espinosa se habría hecho con 146 millones de pesos chilenos, los que fueron ocultados mediante la participación de testaferros. Además, durante ese tiempo el exdirector habría tenido a su disposición más de 1.300 millones de pesos por concepto de gastos reservados.

Dentro del mismo proceso, también se están formalizando a María Magdanela Neira Cabrera, esposa de Espinosa, y Eduardo Villablanca, quien fuera asistente del otrora director durante los seis años a la cabeza de la institución.

La indagación comenzó luego de un reporte de operación sospechosa, hecho por la Unidad de Análisis Financiero, que confluyó en alerta al Ministerio Público. En enero pasado se levantó el secreto bancario de Espinosa y su esposa, lo que reveló una discordancia entre los montos que manejaban allí, dentro del banco, y sus sueldos.

La defensa de Espinosa señala que los eventos ya fueron investigados y sobreseídos. Sin embargo, el proceso sigue y durante este jueves se evaluará alguna posible medida cautelar contra el exdirector.
 

Microsoft cierra LinkedIn en China

Microsoft dijo el jueves que cerrará su red social LinkedIn en China debido a un "entorno operativo desafiante", en momentos en que Pekín endurece el control sobre las empresas de tecnología.

La compañía basada en Estados Unidos reemplazará en China a LinkedIn por otra aplicación dedicada a postularse a empleos, dijo el vicepresidente de ingeniería Mohak Shroff.

"Enfrentamos (...) un ambiente operacional mucho más desafiante y a mayores requisitos de cumplimiento en China", dijo Schroff en un blog.

EEUU exige "examen independiente" tras muerte de exaliado de Chávez preso en Venezuela


Estados Unidos exigió el jueves un "examen independiente" de la muerte en prisión en Venezuela del general Raúl Baduel, antiguo ministro de Defensa del fallecido expresidente Hugo Chávez y convertido en disidente del chavismo, quien falleció por covid-19 según un anuncio oficial.

"La reciente muerte del preso político venezolano Raúl Baduel recuerda al mundo las condiciones deplorables y peligrosas que enfrentan los presos políticos venezolanos bajo la custodia del régimen de (Nicolás) Maduro", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

"Pedimos un examen independiente para confirmar la verdadera causa de la muerte", señaló en rueda de prensa.

Al menos seis muertos durante protesta contra juez en Beirut

Al menos seis personas murieron este jueves 14 de octubre luego de que se registraran disparos en medio de una protesta en la capital libanesa, según indicaron fuentes militares. La manifestación fue convocada por el grupo Hezbolá y sus aliados que exigen la destitución del juez Tarek Bitar, que intenta investigar a varios exministros, sospechosos de negligencia, por la explosión del puerto de Beirut que dejó al menos 215 personas muertas.

La violencia estalla en Líbano mientras las discordias por la investigación de las explosiones en el puerto de Beirut aumentan.

Varios disparos resonaron en la capital libanesa durante una protesta contra Tarek Bitar, el juez principal que investiga la masiva detonación del año pasado en el puerto de la ciudad. Al menos seis personas murieron este jueves 14 de octubre.

Aún no está claro quién abrió el fuego, pero las tensiones eran altas al iniciar la jornada entre las áreas musulmanas chiítas y cristianas con unos enfrentamientos de larga data.

Las Fuerzas Libanesas Cristianas de derecha movilizaron partidarios el miércoles por la noche después de que Hezbolá y sus aliados convocaran a la protesta para este 14 de octubre contra el magistrado, frente al Palacio de Justicia, ubicado en una zona cristiana.

Una corresponsal de la agencia de noticias AP afirmó que vio a un hombre abrir fuego con una pistola durante la manifestación, así como a individuos armados que disparaban en dirección a los manifestantes desde el balcón de un edificio.

 

Presentan acusación para destituir a Piñera por los ‘Pandora Papers’

La oposición chilena presentó este miércoles 13 de octubre ante la Cámara de Diputados el texto de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera con el fin de llevarlo a un juicio político que busca su destitución. La medida se produce en medio de los señalamientos de presuntas irregularidades por parte del mandatario en la venta de un megaproyecto minero, revelado en los ‘Pandora Papers’.

La continuidad del presidente Sebastián Piñera se tambalea tras la publicación de los ‘Pandora Papers’, la mayor filtración de datos financieros en paraísos fiscales que vincula a mandatarios y líderes de al menos 35 países.

Un comité conformado por legisladores de la oposición presentó este miércoles ante la Cámara Baja la acusación formal contra el mandatario que pide llevarlo a un juicio político de destitución por presunta corrupción.

"Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación", explicó el diputado socialista Jaime Naranjo, acompañado de representantes de todas las bancadas opositoras.

Las supuestas irregularidades se remontan a 2010 durante la venta del megaproyecto Minera Dominga, entonces propiedad de la familia Piñera, a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano.


La transacción tuvo un valor total de 152 millones de dólares, 138 millones de ellos en un acta firmada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en el caso chileno colaboró los medios 'Ciper' y 'LaBot'.

Además, la filtración generó controversia debido a que indica que la última cuota del pago estaba condicionada a que la zona no fuera declarada como área de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.

Aunque finalmente esa condición no fue decretada, la decisión dependía de Piñera en momentos en que asumía su primera Presidencia, entre 2010 y 2014, algo que ahora le refutan sus adversarios políticos.

Piñera habría “violado abiertamente la Constitución (…) comprometiendo seriamente el honor de la nación", sostuvo el legislador Jaime Naranjo, uno de los principales impulsores del proceso contra el mandatario.

Esa transacción ya había sido examinada y desestimada previamente por los tribunales chilenos en 2017. Piñera argumenta que la revisión de todos los detalles del contrato no mostró ninguna irregularidad.

Sin embargo, y luego de que los ‘Pandora Papers’ volvieran a poner al mandatario chileno en el ojo del huracán, la Fiscalía de su país abrió la semana pasada una investigación en su contra por presunto cohecho y delitos tributarios.

La decisión del ente investigador movió las aguas entre los parlamentarios opositores que la consideran un impulso para lograr los votos necesarios en el mecanismo de destitución contra el jefe de Estado.

¿Cómo procedería la acusación de juicio político contra Piñera?

De acuerdo con la legislación chilena, la acusación constitucional permite a los legisladores iniciar un juicio contra una autoridad, incluido el presidente, y desatar su destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pero para que el proceso prospere, en primer lugar se debe llevar a cabo una votación en la Cámara de Diputados que deberá arrojar una mayoría absoluta, con la cual se determinará si la acusación es viable o no. Es decir, debe contar con 78 votos.

Posteriormente, el mecanismo deberá pasar al Senado, que en estos casos actúa como jurado para establecer la culpabilidad o inocencia del imputado.

La prensa local destaca que previsiblemente la imputación contra Piñera obtendrá los votos necesarios en la Cámara Baja. Sin embargo, no está claro si obtendría el respaldo en el Senado.

Está previsto que el documento acusatorio llegue a la Cámara Alta antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre, en las que, no obstante, Piñera no buscará la reelección.

Entrevista a Bruno Polack - Escritor

Presentamos la entrevista completa en el destacado podcast Hitos de la historia, una producción conjunta entre Rio Bueno Noticias y HA comunicaciones.

En este capitulo Polack habla sobre su ultimo libro "La ciudad que no existe" que cuenta la historia de la ocupación chilena de Lima luego de la guerra del pacifico.

Puedes encontrar mas videos aquí


 

EEUU pide al gobierno de Cuba "respetar derechos fundamentales"

Estados Unidos pidió el martes al gobierno de Cuba "respetar los derechos fundamentales" de los cubanos, al rechazar la decisión de La Habana de prohibir una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre.

"Es la libertad de expresión, es la libertad de reunirse pacíficamente lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo", dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

"Llamamos al gobierno en La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano", afirmó.

El gobierno de Cuba denegó el martes una solicitud de la oposición para organizar una protesta el mes que viene, alegando que sus promotores tienen vínculos con Washington para impulsar un cambio de régimen tras las inéditas manifestaciones del 11 y 12 de julio en toda la isla.

Price negó que Estados Unidos esté detrás de estas movilizaciones.

"Lo que sucedió en julio, lo que sucedió en los días y semanas posteriores a eso, no se trataba de Estados Unidos. Se trataba de la conducta del régimen cubano, las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano por libertad, por dignidad, por prosperidad, elementos que les han sido negados por este régimen durante demasiado tiempo, desde 1959", aseveró.

Las marchas de julio en medio centenar de ciudades cubanas dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.

El portavoz de la diplomacia estadounidense pidió la "liberación inmediata" de todos ellos, tras denunciar "detenciones arbitrarias", "desapariciones" y "juicio sumarios".

"La violencia que hemos visto, las detenciones que hemos visto, la represión que hemos visto, ahora la prohibición a la protesta pacífica que hemos visto, todo esto nos recuerda que el pueblo cubano está pagando muy caro su lucha por la libertad", dijo Price.