Diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio presentaron este lunes la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, culpándolo por las personas que murieron y resultaron heridas durante las diferentes manifestaciones en el país.

Carmen Hertz, parlamentaria del PC, enfatizó que "en Chile en estos días se han cometido violaciones masivas y graves a los derechos fundamentales de las personas".

Por su parte, la diputada Pamela Jiles enfatizó que el Mandatario "es el primer responsable de los crímenes y la calle lo grita: renuncia Piñera".

Si bien desde el oficialismo criticaron la medida, en donde el diputado Javier Macaya dijo "no tener dudas de que la gran mayoría de los chilenos asume que las reglas democráticas dicen que los presidentes elegidos democráticamente deben terminar su período", la acusación deberá seguir su trámite legislativo.

Al respecto, serán cinco los parlamentarios -elegidos al azar- que deberán analizar los argumentos de la acusación, para luego ser sometida al libelo, que necesitaría mayoría simple para seguir el trámite.
 
¿Y SI LA CÁMARA APRUEBA LA ACUSACIÓN?

El siguiente paso es que el Senado vote la iniciativa, la cual requiere 29 de los 43 votos disponibles para ser aceptada.

El Senado tendría la última palabra para dirimir una posible destitución de Piñera

"Puede que el Parlamento la rechace, pero la ciudadanía la está aprobando", dijo el presidente del PC, Guillermo Tellier. Por su parte, le ministro del Interior, Gonzalo Blumel, calificó el proyecto como "sin fundamentos, es un error. El país pide otras cosas".
 
PRESIDENTE DESTITUIDO: ¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

Si el proyecto avanzara todos los pasos anteriormente señalados, el Presidenta sería destituido por primera vez mediante esta herramienta parlamentaria.

La siguiente responsabilidad caería en el mismo Blumel, quien asumiría como Vicepresidente de la República, pero con el objetivo de convocar a nuevas elecciones libres con un plazo máximo de 120 días.

Esto tiene como objetivo nombrar democráticamente al nuevo jefe de Estado, según indica el artículo 29 de la Constitución.

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