MADRID (Reuters) - El Gobierno español revisó el martes al alza su previsión de PIB para 2018 y aprobó con un retraso de seis meses su proyecto de presupuestos, en un momento en el que la crisis catalana tiene paralizado el escenario político del país y el Ejecutivo en minoría de Mariano Rajoy no tiene garantizada su aprobación en el Congreso.
Las nuevas cuentas, expansivas y que se enmarcan en un escenario de crecimiento del PIB de un 2,7 por ciento y una caída del paro hasta el 15 por ciento, incluyen numerosas partidas sociales, como mejoras en las pensiones más bajas y de viudedad, rebajas en el IRPF y una subida del sueldo de los funcionarios.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada en plena Semana Santa, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que los nuevos presupuestos cuentan con mayor margen para aumentar el gasto social gracias a la buena marcha de la economía y el incremento de los ingresos tributarios hasta un récord de 210.000 millones de euros.
“Estamos haciendo un presupuesto que, dentro del rigor, lo que hace es distribuir más equitativamente las consecuencias de la recuperación económica en España”, dijo Montoro, que cifró en 3.000 millones de euros las medidas dirigidas a las rentas bajas y medias y para las familias.
“Son los presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores de rentas medias y bajas y de nuestras administraciones”, añadió el ministro, apelando a los grupos que ya apoyaron las cuentas de 2017 a sumarse de nuevo al consenso.
BLOQUEO CATALÁN
El Partido Popular carece aún de garantías para la aprobación de los presupuestos en el Congreso, ya que aunque Ciudadanos confirmó el lunes un acuerdo, y se da por hecho el respaldo de los partidos canarios, los nacionalistas vascos del PNV siguen rechazando su apoyo mientras siga la situación de excepcionalidad en Cataluña.
“Tenemos tiempo para contar con los apoyos, estamos hablando todavía de un mes largo para el debate de enmiendas a la totalidad, en un mes debemos aspirar a que exista la mayor normalidad política de nuestro país”, dijo Montoro, que llevará los presupuestos al Congreso la próxima semana para que inicien su trámite parlamentario.
El Gobierno de Mariano Rajoy asumió la gestión de Cataluña el pasado octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras una declaración de independencia que ha llevado al procesamiento y encarcelación provisional de destacados políticos catalanes, y, tres meses después de las elecciones autonómicas de diciembre, sigue sin haber un gobierno regional.
La aprobación de los presupuestos tras un trámite que podría prolongarse hasta finales de junio desbloquearía una legislatura caracterizada por una gran parálisis ante la crisis catalana y la situación de minoría parlamentaria del PP, con las encuestas apuntando al auge electoral de Ciudadanos, socio de investidura del Rajoy.
El Gobierno del PP, que apenas cuenta con 137 de los 350 diputados del Congreso, ya sufrió para aprobar también con un retraso de seis meses las cuentas de 2017, ahora prorrogadas. Si no logra aprobar las de 2018, la legislatura podría correr riesgos en vísperas de un año electoral como 2019, cuando habrá cita con las urnas para las europeas, autonómicas y locales.
MEDIDAS SOCIALES
Para tratar de atraer al resto de partidos, los presupuestos para este año prevén un incremento de entre un 1 y un 3 por ciento para las pensiones más bajas, lo que beneficiaría a unos 6 millones de pensionistas, un colectivo electoralmente muy importante que se ha movilizado en las calles en las últimas semanas muy activamente.
Además de una subida del sueldo de los funcionarios de un 1,75 por ciento, también se contempla que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros anuales estén exentos de pagar impuestos, con rebajas fiscales hasta los 18.000 euros, así como un descenso del IVA de las entradas de cine del 21 al 10 por ciento.
“Son unos presupuestos que benefician a todo el mundo y no perjudican a nadie y esperamos encontrar una mayoría”, dijo el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa.
Todas las mejoras incluidas en las cuentas deben ser compatibles con una reducción del déficit desde el 3,1 por ciento de 2017 a un exigente 2,2 por ciento previsto para este año, que permitirá a España salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas.
La autoridad de responsabilidad fiscal Airef avaló las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno para 2018 y las consideró prudentes en su conjunto.
Las nuevas cuentas, expansivas y que se enmarcan en un escenario de crecimiento del PIB de un 2,7 por ciento y una caída del paro hasta el 15 por ciento, incluyen numerosas partidas sociales, como mejoras en las pensiones más bajas y de viudedad, rebajas en el IRPF y una subida del sueldo de los funcionarios.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada en plena Semana Santa, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que los nuevos presupuestos cuentan con mayor margen para aumentar el gasto social gracias a la buena marcha de la economía y el incremento de los ingresos tributarios hasta un récord de 210.000 millones de euros.
“Estamos haciendo un presupuesto que, dentro del rigor, lo que hace es distribuir más equitativamente las consecuencias de la recuperación económica en España”, dijo Montoro, que cifró en 3.000 millones de euros las medidas dirigidas a las rentas bajas y medias y para las familias.
“Son los presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores de rentas medias y bajas y de nuestras administraciones”, añadió el ministro, apelando a los grupos que ya apoyaron las cuentas de 2017 a sumarse de nuevo al consenso.
BLOQUEO CATALÁN
El Partido Popular carece aún de garantías para la aprobación de los presupuestos en el Congreso, ya que aunque Ciudadanos confirmó el lunes un acuerdo, y se da por hecho el respaldo de los partidos canarios, los nacionalistas vascos del PNV siguen rechazando su apoyo mientras siga la situación de excepcionalidad en Cataluña.
“Tenemos tiempo para contar con los apoyos, estamos hablando todavía de un mes largo para el debate de enmiendas a la totalidad, en un mes debemos aspirar a que exista la mayor normalidad política de nuestro país”, dijo Montoro, que llevará los presupuestos al Congreso la próxima semana para que inicien su trámite parlamentario.
El Gobierno de Mariano Rajoy asumió la gestión de Cataluña el pasado octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras una declaración de independencia que ha llevado al procesamiento y encarcelación provisional de destacados políticos catalanes, y, tres meses después de las elecciones autonómicas de diciembre, sigue sin haber un gobierno regional.
La aprobación de los presupuestos tras un trámite que podría prolongarse hasta finales de junio desbloquearía una legislatura caracterizada por una gran parálisis ante la crisis catalana y la situación de minoría parlamentaria del PP, con las encuestas apuntando al auge electoral de Ciudadanos, socio de investidura del Rajoy.
El Gobierno del PP, que apenas cuenta con 137 de los 350 diputados del Congreso, ya sufrió para aprobar también con un retraso de seis meses las cuentas de 2017, ahora prorrogadas. Si no logra aprobar las de 2018, la legislatura podría correr riesgos en vísperas de un año electoral como 2019, cuando habrá cita con las urnas para las europeas, autonómicas y locales.
MEDIDAS SOCIALES
Para tratar de atraer al resto de partidos, los presupuestos para este año prevén un incremento de entre un 1 y un 3 por ciento para las pensiones más bajas, lo que beneficiaría a unos 6 millones de pensionistas, un colectivo electoralmente muy importante que se ha movilizado en las calles en las últimas semanas muy activamente.
Además de una subida del sueldo de los funcionarios de un 1,75 por ciento, también se contempla que los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros anuales estén exentos de pagar impuestos, con rebajas fiscales hasta los 18.000 euros, así como un descenso del IVA de las entradas de cine del 21 al 10 por ciento.
“Son unos presupuestos que benefician a todo el mundo y no perjudican a nadie y esperamos encontrar una mayoría”, dijo el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa.
Todas las mejoras incluidas en las cuentas deben ser compatibles con una reducción del déficit desde el 3,1 por ciento de 2017 a un exigente 2,2 por ciento previsto para este año, que permitirá a España salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas.
La autoridad de responsabilidad fiscal Airef avaló las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno para 2018 y las consideró prudentes en su conjunto.
