El ultraderechista José Antonio Kast, presidente electo de Chile, romperá los moldes del progresismo de Gabriel Boric con una batería de proyectos de ley y decretos presidenciales que ya han sido trazados para sus primeros tres meses de gobierno. Los planes están destinados a combatir la inseguridad, disminuir la presencia de inmigrantes en situación irregular, optimizar el funcionamiento del Estado y reducir los impuestos. El nuevo mandatario gobernará con un Parlamento conservador, pero sin mayoría absoluta.
"Este mandato no permite demoras, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente". Con estas palabras, el presidente electo José Antonio Kast evidenció su deseo de hacer sentir el cambio de Administración en La Moneda, durante la celebración de su victoria el domingo 14 de diciembre.
Eso sí, añadió: "Aquí no hay soluciones mágicas. No cambia todo de un día para otro (...) Vamos a tener un año muy duro porque las finanzas del país no están bien".
Con esta declaración equilibrada entre urgencia y realismo, Kast reafirmó un plan que, según medios locales, se ha denominado al interior del Partido Republicano como “Recuperar Chile”, que se estructura en cuatro proyectos de ley de rápida tramitación en el Congreso y una tanda de decretos presidenciales que no requieren de discusión en el legislativo.
Gabriel Gaspar Tapa, analista y consultor internacional, advirtió a France 24 que Kast se enfrenta a "una sociedad muy demandante e inquieta que va a exigir resultados muy inmediatos".
El abogado y político de 59 años y postulados de ultraderecha ganó con un 59% de los votos a la izquierdista Jeannette Jara (41%). Kast se impuso en las 16 regiones del país y logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta en democracia.
Chile "ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real", sintetizó el futuro mandatario ante cientos de seguidores, antes de vaticinar como "hitos" de su administración la seguridad, la migración y el progreso económico.
Ley sobre seguridad y control fronterizo
Inseguridad e inmigración irregular son dos temas que van de la mano para Jose Antonio Kast, quien en un intento por hallar una solución conjunta para ambos, impulsará una Ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo. La propuesta otorga mayores poderes a las Fuerzas Armadas y Carabineros en las zonas de estado de excepción: Macrozona Sur —donde existen tensiones con los indígenas mapuche desde 2021— y Macrozona Norte —con presencia de grupos de narcotráfico y fronteras internacionales porosas—.
La ley establece un perímetro de seguridad de 10 kilómetros desde los pasos fronterizos oficiales, donde se suspenderá temporalmente derechos constitucionales como la inviolabilidad del hogar y libertad de tránsito para "intervenciones urgentes".
"Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad", expresó, tras conocer su triunfo, quien será el primer presidente pinochetista y que hizo campaña por el dictador Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988.
La propuesta de ley busca, además, declarar el narcotráfico transfronterizo como delito de seguridad nacional —lo que lo equipararía al de traición a la patria—, promueve el aislamiento total en prisión para cabecillas narcotraficantes, endurece las penas para el terrorismo y penaliza el ingreso irregular al país.
El nuevo presidente prometió reducir los cruces ilegales en un 40% en los primeros tres meses.
Adicionalmente, Kast presentó en octubre de 2025 el plan 'Escudo Fronterizo', dirigido, en sus palabras, a "restablecer la soberanía nacional y frenar la inmigración ilegal, el contrabando y el crimen organizado”.
La iniciativa contempla la constricción de muros de seguridad fronterizos de cinco metros de altura, "similares a los utilizados en Israel y Hungría", zanjas de 3 metros de profundidad, vigilancia con drones, cercos electrificados y torres de vigilancia con radares térmicos, según el documento del plan.
El proyecto añade que "el despliegue y las obras comenzarán el 11 de marzo de 2026 (día de investidura de Kast) y se priorizarán los pasos críticos como Colchane y Chacalluta", en alusión a los cruces fronterizos con Perú y Bolivia.
Paralelamente, una fuerza de tarea conjunta —entre instituciones militares, policiales y civiles— tomará el control absoluto de la frontera norte. "Los militares tendrán facultades plenas para detener, reconducir y expulsar a cualquier extranjero que cruce ilegalmente", puntualiza el documento, que desconoce el principio de no devolución del Derecho internacional, que obliga a los Estados a brindar protección a solicitantes de asilo.
"Nada de permisos, beneficios ni apelaciones eternas (...) No más ONG entorpeciendo expulsiones" o "se prohibirá el arriendo de viviendas a ilegales" son otras premisas que articulan en el plan de Kast, que amenaza también con prohibir las remesas de migrantes sin estatus legal y privarlos del sistema sanitario, educativo, habitacional y subsidiario.
"No hay tiempo que perder. Ningún ilegal volverá a cruzar nuestras fronteras impunemente", augura la piedra angular de la nueva política migratoria de La Moneda.
Encoger el Estado para reducir los impuestos
La Ley de Modernización del Estado anunciada por José Antonio Kast fusionará o eliminará algunos ministerios. En el último debate presidencial, el presidente electo especificó que contemplaría "ciertos biministros o triministros", con el objetivo de que carteras convergentes puedan ser dirigidas conjuntamente.
Durante la fase inicial de esta transformación, el Gobierno Kast deberá evaluar reparticiones a fusionar, auditar el gasto público y reorganización internamente la composición del Ejecutivo.
Complementariamente, Kast impulsará un modelo de austeridad fiscal con el objetivo de recortar al gasto público unos 6.000 millones de dólares en 18 meses, dividido en dos tramos: la mitad por vía administrativa y la otra mediante cambios legislativos.
Esta hoja de ruta contempla un “Presupuesto Base Cero”, que invierte la lógica de que cada ministerio recibe automáticamente el presupuesto del año anterior más ajustes por inflación y prioridades nuevas. En cambio, ahora cada cartera, servicio público, y programa debe justificar el 100% de su gasto desde cero, sin asumir que la asignación anterior será automática
Paralelamente, se prohibirá la contratación de nuevos asesores a honorarios, mientras se revisan los contratos vigentes. Habrá restricciones severas en viajes, viáticos, uso de vehículos fiscales y compras de mobiliario en toda la Administración central.
Mientras Kast aprieta el cinturón al erario, propone una reducción progresiva del impuesto de primera categoría de 27% a 23%, con el objetivo explícito de "reactivar la inversión privada". Este impuesto grava las utilidades netas (renta líquida) de empresas y contribuyentes.
El Ejecutivo entrante impulsará la creación de un nuevo estatuto de inversión que ofrezca "seguridad jurídica y tributaria" a inversionistas nacionales y extranjeros.
Ley de alivio habitacional
Kast promocionó en campaña otra eliminación gradual de impuestos mediante una ley de Alivio Habitacional, centrada en desaparecer la contribución por la primera vivienda. La propuesta es secuencial: comienza con adultos mayores de 65 años, antes de expandirse en función de la mejoría de la situación fiscal.
El equipo económico del gobierno entrante calcula que la exención para adultos mayores costaría 170 millones de dólares anuales, mientras que universalizarla a todas las primeras viviendas costaría 380 millones.
Kast, que prometió renunciar al Partido Republicano antes de asumir para "ser el presidente de todos los chilenos", convocó a "grandes acuerdos nacionales", en una aparente muestra de apertura para llegar a consensos en el Congreso, en vista de los debates parlamentarios que deberán superar sus propuestas.
El nuevo presidente asumirá sin una mayoría parlamentaria absoluta, lo que lo obligará a mantener la concordia entre la derecha parlamentaria fragmentada en múltiples partidos. El 11 de marzo de 2026, comienza la contrarreloj de Kast por impulsar sus proyectos antes de que el natural desgaste político y la resistencia parlamentaria erosionen su gobernabilidad.
