Ante
el retorno de Ponce Lerou a SQM y el reclamo del ex vicepresidente
ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una
legislación con una responsabilidad
penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas
negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción
para que no se puedan contratar con el Estado.
Esta
mañana el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago
sostuvo que un año de prescripción era poco a la hora de investigar
irregularidades de distinta naturaleza
en alusión a posibles delitos relacionados a la empresa brasilera OAS
en el marco del financiamiento de campañas políticas que investiga la
Fiscal Ximena Chong.
“Un
año de prescripción es poco a la hora de investigar irregularidades de
distinta naturaleza, delitos o no, efectivamente los procesos de este
tipo son más lentos que ese período.
Se entiende la idea de sanear la elección a poco tiempo de realizada,
pero un año parece muy poco y es una materia digna de revisarse”
Consultado
si Chile estaba en deuda en relación a empresas brasileras como OAS
considerando que en otros países han derrocado presidentes o los ha
llevado a la cárcel por escándalos
de corrupción, Drago afirmó a radio Cooperativa que a diferencia de
Latinoamérica, Chile fue el único país donde la crisis por escándalos de
corrupción no logró penetrar y que esa experiencia podría ser un
ejemplo para nuestros vecinos.
“Me
lo ha señalado no sólo personas involucradas desde Brasil en esta
investigación sino también estudiosos de la OEA y distintos espacios:
Chile fue el único país donde no se
logró penetrar sustantivamente a diferencia de otros lugares de
Latinoamérica, es casi digno de estudio, hay que ver qué se hizo bien
acá y qué se pudo haber hecho en el resto de Latinoamérica para evitar
esta situación, yo no creo que tengamos una situación
extendida como la que se vivió en el propio Brasil y en los países
vecinos dónde hubo compromisos importantes con empresas que tenían
estos mecanismos de corrupción”,
espetó.
El
Presidente del CPLT recordó que antes de la reforma de probidad y
Transparencia del Gobierno anterior los financiamientos de campañas
electorales eran principalmente privados
y que hoy tras legislar existe el financiamiento público y una
regulación más estricta para evitar gastos excesivos y fuera de control,
entre otras medidas.
“Antes
el financiamiento venía de empresas, de particulares, ese era ‘el’
financiamiento electoral, eso se prestó para financiamientos normales
pero también para financiamientos
que bordeaban lo irregular porque evadían esquemas tributarios, por
ejemplo”, subrayó.
Sobre el regreso a Ponce Lerou a SQM
Asimismo
ante el retorno de Julio Ponce Lerou a Soquimich y el reclamo del ex
vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se
requería una legislación con
responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además
de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos
de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.
Según
el titular de Transparencia en el caso de una empresa que estuvo
involucrada en esquemas de corrupción, “lo que corresponde es una
sanción directa de la empresa, esa es la
responsabilidad penal de personas jurídicas” que a su juicio en Chile
tiene requisitos muy difíciles de cumplir en la práctica por lo que se
hace relevante su modificación.
“Cuando
una empresa financia actos de corrupción para beneficiarse, esa empresa
es responsable, no sólo sus ejecutivos, no sólo 1 o 2 personas que
pudieron estar involucrados
en los pagos directos para tratar de ganar una concesión, de
mantenerla, de tener una posición privilegiada, es la empresa completa
la que buscó beneficiarse y es la empresa como tal la que tiene que
asumir su responsabilidad”,
dijo.
Finalmente,
Marcelo Drago hizo un llamado a las autoridades para tener una
legislación que cuente con responsabilidades penales más sustantivas
para actos de corrupción, además de
listas negras de empresas de financiaron y facilitaron actos de
corrupción “para que no se puedan contratar con el Estado”.
