“Nunca he recibido gastos reservados y así lo he hecho saber en la causa”, señaló la exministra de Justicia, Javiera Blanco, luego de que hoy se conociera que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por su presunta responsabilidad en el delito reiterado de malversación de caudales públicos y por falsificación y/o uso de instrumento público falso.
Blanco, quien fuera consejera del CDE entre febrero de 2017 y octubre de 2018, aseguró que su renuncia a esa institución fue "precisamente en la línea de la transparencia para que el organismo pudiera ejercer todas las acciones que estime necesarias”. En su minuto, cuando la exsecretaria de Estado dimitió del CDE señaló que “la incomodidad de los consejeros, que la entiendo, hace que tome esta decisión”.
“Como permanentemente lo he hecho, y sin duda alguna, seguiré colaborando con la justicia para llegar a la verdad, a esa verdad tan necesaria, sobre todo por estos días”, señaló Blanco, y añadió: “En los procesos en que he sido citada, y eso es de público conocimiento, he contribuido con todos los antecedentes, datos y documentos que se me ha solicitado, incluso más allá de lo requerido”.
La querella presentada por el CDE contra la también exsubsecretaria de Carabineros a su vez recae contra el exgeneral director Eduardo Gordon; el exgeneral director Gustavo González Jure; el exgeneral director Bruno Villalobos; el exgeneral Iván Wipple; el exgeneral Flavio Echeverría; el oficial Aladino Alfaro (exjefe de gabinete de la subsecretaría de Carabineros); el oficial Carlos Carrasco (exdirector del Hospital de Carabineros); de Fernando Pérez; el abogado Ismal Verdugo; el oficial en retiro Jorge Serrano; la oficial en retiro Lilian González; el oficial en retiro José Manuel Hernández; el oficial en retiro Patricio Reyes; el oficial en retiro Rodney Weber; y el oficial en retiro Rolando Salvo.
Según se señala en la acción judicial “consecuentemente, mediante la entrega mensual de gastos reservados improcedentes, a través de sobres contenedores de dineros efectivo, la querellada Mónica Javiera Blanco Suárez, valiéndose de su calidad de Subsecretaria de Carabineros, recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, una suma total no inferior a $47.300.000.-, cifra que configura, a su respecto, el monto sustraído”.
En 2018, Blanco declaró como testigo por el caso del millonario fraude en Carabineros, oportunidad donde aseguró no haber recibido asignaciones de gastos reservados. La fiscal contaba con seis testimonios que la vinculaban al uso irregular de esos fondos.
Blanco, quien fuera consejera del CDE entre febrero de 2017 y octubre de 2018, aseguró que su renuncia a esa institución fue "precisamente en la línea de la transparencia para que el organismo pudiera ejercer todas las acciones que estime necesarias”. En su minuto, cuando la exsecretaria de Estado dimitió del CDE señaló que “la incomodidad de los consejeros, que la entiendo, hace que tome esta decisión”.
“Como permanentemente lo he hecho, y sin duda alguna, seguiré colaborando con la justicia para llegar a la verdad, a esa verdad tan necesaria, sobre todo por estos días”, señaló Blanco, y añadió: “En los procesos en que he sido citada, y eso es de público conocimiento, he contribuido con todos los antecedentes, datos y documentos que se me ha solicitado, incluso más allá de lo requerido”.
La querella presentada por el CDE contra la también exsubsecretaria de Carabineros a su vez recae contra el exgeneral director Eduardo Gordon; el exgeneral director Gustavo González Jure; el exgeneral director Bruno Villalobos; el exgeneral Iván Wipple; el exgeneral Flavio Echeverría; el oficial Aladino Alfaro (exjefe de gabinete de la subsecretaría de Carabineros); el oficial Carlos Carrasco (exdirector del Hospital de Carabineros); de Fernando Pérez; el abogado Ismal Verdugo; el oficial en retiro Jorge Serrano; la oficial en retiro Lilian González; el oficial en retiro José Manuel Hernández; el oficial en retiro Patricio Reyes; el oficial en retiro Rodney Weber; y el oficial en retiro Rolando Salvo.
Según se señala en la acción judicial “consecuentemente, mediante la entrega mensual de gastos reservados improcedentes, a través de sobres contenedores de dineros efectivo, la querellada Mónica Javiera Blanco Suárez, valiéndose de su calidad de Subsecretaria de Carabineros, recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, una suma total no inferior a $47.300.000.-, cifra que configura, a su respecto, el monto sustraído”.
En 2018, Blanco declaró como testigo por el caso del millonario fraude en Carabineros, oportunidad donde aseguró no haber recibido asignaciones de gastos reservados. La fiscal contaba con seis testimonios que la vinculaban al uso irregular de esos fondos.
