La primera gran crisis política de Macri


Son un pequeño grupo de mapuches que nunca supusieron un problema serio para el Gobierno. 
 
Llevan más de dos años ocupando una pequeña fracción de 500 hectáreas de las 900.000 que tiene Luciano Benetton en la Patagonia argentina. 
 
Son poco más de 20 personas en tiendas de campaña y precarias casetas de madera. Ni siquiera tenían mucho apoyo popular, más allá de algunas organizaciones. Pero la inesperada desaparición de Santiago Maldonado, un artesano que estaba allí apoyándoles y del que no sabe nada desde que la Gendarmería entró en la zona para disolver una protesta el 1 de agosto, y las dificultades que ha mostrado el Gobierno de Mauricio Macri para gestionar la crisis, ha convertido a este pequeño grupo y sus reivindicaciones en el centro del debate del país en plena campaña electoral.

Los mapuches, que son pocos pero muy organizados bajo su líder, Facundo Jones Huala, que los dirige desde la cárcel, donde ofrece entrevistas a los medios emitidas en el horario de máxima audiencia, han logrado algo impensable hace unos meses, cuando muy pocos medios les prestaban atención. Están poniendo en dificultades al todopoderoso Gobierno de Macri, que se enfrenta a su primera gran crisis política en un país especialmente sensible en el asunto de los desaparecidos.

Matías Santana, el mapuche que asegura que vio desde su caballo como la Gendarmería se llevaba a Maldonado el día de la protesta, se ha convertido en una inesperada estrella mediática. Y además de ratificar su testimonio, que pone en cuestión la versión del Gobierno y en especial de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santana aprovecha ese éxito para lanzar su mensaje a favor de la lucha del pueblo mapuche, que reclama tierras de sus ancestros que fueron conquistadas por el ejército argentino en el siglo XIX en la llamada "campaña del desierto". Santana y otros aprovechan el momento para recordar que Argentina, como casi todos los países americanos, se construyó sobre la destrucción casi completa de los pueblos originarios, un asunto que no estaba ni muchísimo menos en la agenda.

La oposición dirigida por Cristina Fernández de Kirchner trata de aprovechar esta situación de debilidad del Gobierno para beneficiarse, pero lo cierto es que son los mapuches y la familia de Maldonado los que están en primer plano y cada vez con más capacidad de hacer daño al Ejecutivo, que ha decidido ahora, 37 días después de la desaparición del joven de 28 años, convertirlo en un asunto prioritario y poner a todo el Estado a trabajar para encontrar el cuerpo.

Fuentes del Gobierno insisten en que no creen que esta cuestión tenga un efecto electoral porque sostienen que solo afecta a los votantes más radicalizados de ambos bandos y el kirchnerismo no va a lograr un solo voto más gracias a esto, pero lo cierto es que el Ejecutivo por primera vez ha demostrado con claridad que el tema le preocupa y ha desplegado toda una estrategia para intentar recuperar la iniciativa en un asunto que se le ha ido claramente de las manos.

Después de semanas tratando la crisis del desaparecido como algo menor, Macri organizó un gabinete de crisis, aseguró que el asunto le "ocupa y preocupa" y ha decidido enviar a la zona a su secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para ofrecer al juez, Guido Otranto, todos los mecanismos del Estado para agilizar la búsqueda. Además ha decidido hacer un nuevo peinado de la zona con 300 policías y drones para intentar buscar el cadáver de Maldonado, ya que a estas alturas, y pese a las múltiples teorías conspirativas desplegadas en el entorno del Gobierno en las últimas semanas, ya nadie espera encontrarlo con vida.

El Gobierno trata así de frenar la sangría de credibilidad que ha supuesto la aparición de la primera prueba de ADN, que ha descartado por completo la hipótesis alternativa de que Maldonado hubiera muerto en un enfrentamiento con un trabajador de Benetton en plena noche y no a manos de la Gendarmería, la policía militar.

El Gobierno ha dado un giro completo al constatar que se estaba fraguando la tormenta perfecta. Por un lado, la movilización popular, con decenas de miles de personas en la calle exigiendo la reaparición de Maldonado. Por otro, una espiral incipiente de violencia y una polémica por la represión policial, que sucedió tras la manifestación el pasado viernes. Además, el avance de la investigación, que va dejando sin coartadas a la Gendarmería, a la que hasta ahora defendía el Ejecutivo. Y por último, el imprevisto impacto internacional, ya que los medios extranjeros han dado cuenta de la movilización y se han implicado en ella argentinos famosos repartidos por todo el mundo.

El cambio radical quedó en evidencia en una frase de Avruj, el responsable de Derechos Humanos de Macri, un hombre que ya ha tenido que salir al rescate en otras ocasiones cuando por ejemplo estuvo a punto de salir de la cárcel Miguel Echecolatz, uno de los más crueles represores, y él prometió frenarlo con un recurso para disipar las sospechas de que el Gobierno ayudaba a los genocidas. Avruj admitió que "la hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería" aunque no aparecen pruebas claras.

Es un cambio radical porque Bullrich dijo con seguridad desde el primer momento que la Gendarmería no era la responsable de esta desaparición y buscó todo tipo de hipótesis alternativas. "No protegeremos a nadie", insiste la mano derecha de Macri, Marcos Peña. El Gobierno, que ha vivido una fuerte división interna sobre cómo afrontar este caso, trata ahora de despegarse. En los próximos días aparecerán más pruebas de ADN y nadie quiere ser arrastrado por esta ola ahora incontrolable.

Muchos analistas argentinos insisten en criticar al Ejecutivo por girar demasiado tarde. Si aparece el cadáver y se demuestra que fue la Gendarmería la crisis será muy grave. Pero nadie tiene mucha fe en que eso suceda porque encontrar un cuerpo en la inmensidad de la Patagonia es casi imposible si nadie confiesa, algo también bastante improbable.
 
EP

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