Senado rebajó a 1.000 pesos los gastos reservados de Carabineros

La Sala del Senado rebajó a 1.000 pesos los gastos reservados de Carabineros, en el marco de la Ley de Presupuesto 2020 que se sigue tramitando en la Cámara Alta.Los parlamentarios aprobaron una indicación presentada por la senadora socialista Isabel Allende quien buscaba "dar una señal".

La decisión se dio en protesta por los casos de abusos cometidos por los carabineros, denunciados en el marco de las manifestaciones sociales que ya se extienden por más de un mes, y también como una forma de exigir mayor control por parte las autoridades respecto de la policía uniformada.

"Quisimos dar una señal, no podemos dejar impune la actuación de Carabineros" en este último mes, expresó la senadora Allende.

Patrulla de Carabineros fue atacada en Santiago Centro

Este miércoles una patrulla de Carabineros fue agredida en medio de la intersección de calle Amunátegui con la Alameda, mientras se encontraba de servicio en la marcha de la CUT.

Según las imágenes de un video que registra la agresión, el vehículo de la 4° Comisaría fue atacado por un grupo de personas, quienes lanzaron piedras y elementos contundentes, rompiendo los vidrios del auto policial.

Tras el ataque, 5 funcionarias de la institución resultaron lesionadas, siendo trasladadas hasta el hospital de Carabineros.

Diputada Leuquén pide disculpas públicas: "Alcohol y remedios resultó una mezcla desafortunada"

La diputada de Renovación Nacional, Aracely Leuquén, entregó una declaración donde explica lo sucedido el pasado 11 de noviembre, siendo acusada de agredir a una trabajadora de un bar en estado de ebriedad, y por lo cual pidió disculpas públicas.

Expuso en una declaración pública "mi absoluto arrepentimiento por los hechos protagonizados el pasado lunes 11 en un local de la comuna de las Condes, donde concurrí a almorzar".

Para la autoridad, lo ocurrido se explicó porque en la ocasión "tuve la mala ocurrencia de solicitar alcohol y sumado a los remedios que ingiero resultó una mezcla desafortunada".


"Quiero expresar mis más sinceras disculpas públicas al personal que me atendió aquel día", comentó.

Leuquén pidió comprensión sobre lo ocurrido, argumentando que "como todo ser humano también cometo errores, y espero que ustedes sepan comprenderme".

"Quiero pedir también disculpas a quienes defraudé, a mis colegas, a mi partido, a mis electores, y en especial a mi familia, que en este tiempo me ha contenido y apoyado en este difícil proceso", sentenció.

Consignar que el hecho fue grabado por las cámaras de seguridad del recinto, cuyas reacciones, detalles y antecedentes fueron publicados por radio Biobío.

Fiscal Nacional anuncia investigación a proveedor de balines a Carabineros y no descarta “fraude al fisco”

Este miércoles, y en el marco de la comisión constituida en el marco de la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick, el fiscal nacional, Jorge Abbott, informó que se está investigando al proveedor de balines a Carabineros y no descartó un eventual “fraude al fisco”.

Esto, luego de que ayer el general director de la institución, Mario Rozas, anunciara que se suspendió el uso de balines antidisturbios, luego de realizar nuevas pericias a estos elementos. La decisión se tomó tras un estudio estudio realizado por la Universidad de Chile, que determinó que éstos estarían compuestos por un 20% de caucho y un 80% de otros tres compuestos: sílice, sulfato de bario y plomo, mientras que la institución policial había sostenido que estaban hechos de goma. La investigación fue solicitada por la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, centro asistencial donde son derivados gran parte de los heridos por municiones de este tipo en la capital.

Ayer, el jefe de la policía uniformada dijo que, si bien los estudios realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) no llegaban a la misma conclusión que el de la Universidad de Chile en cuanto a los componentes de la munición, igualmente se detectaron “diferencias técnicas con la composición declarada por el proveedor en su ficha técnica”.

Al ser consultado por el tema a la salida de la comisión, Abbott relató que “la fiscal Ximena Chong pidió el lunes la información respecto a los antecedentes de adquisición de ese tipo de munición y además se ha determinado una pericia para conocer la composición del mismo y saber si efectivamente esos perdigones corresponden a aquellos que fueron ofrecidos al momento de licitar o comprar de parte de Carabineros”.


En esta línea agregó que “si no corresponden las especificaciones y con ello se ha producido un perjuicio al Estado, estamos en presencia de fraude al fisco”.

Consultado si podría existir fraude al fisco en este caso en particular, el fiscal nacional sostuvo: “Eventualmente. Si alguien ofrece en un proceso de licitación un determinado producto y entrega un producto y con eso se produce un perjuicio, hay un fraude al fisco”.

Abbott también informó que el fiscal Xavier Armendáriz está liderando esta línea de investigación.

LT 

Tres impactos de una casi inédita acusación presidencial

 

Será imposible de soslayar durante los próximos 22 días, dado que se estaría votando a más tardar del 12 de diciembre en la sala de la Cámara de Diputados. La histórica -que no inédita- acusación constitucional presentada ayer contra el Presidente Sebastián Piñera, tiene varias barreras por falta de votos, pero no será inocua y acarreará complicaciones en las dos facciones en pugna. En ambas temen que se crispe el clima social y político, y cada una tiene sus propios flancos.

¿Casi inédita? Claro. Es la primera contra un mandatario en ejercicio bajo esta “moribunda” Constitución, pero es la segunda vez en la historia luego de la que se interpuso en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo durante su segundo mandato, por una retahíla de argumentos que incluían más de una veintena de casos de familiares trabajando en el aparato estatal. Zafó. El fundador de Carabineros tiene el récord de ser el único mandatario que ha pasado por esto dos veces. La primera fue en 1931, después de que cayera su gobierno durante una crisis que siguió a la Gran Depresión de 1929, y fue aprobada por el Congreso. Pero sirvió de poco y nada, porque el general ya había entregado el mando meses atrás y había huído del país haciendo caso omiso de las normas legales: hasta se defendió enviando una carta desde Buenos Aires en que justificada la represión aplicada en los últimos días.

Fin del rewind: castigo nunca hubo, porque Ibáñez regresó de su exilio, fue electo senador por Santiago en 1942 y en 1952 estaba de nuevo instalado en La Moneda.

Dejando el sepia y volviendo al color. Esta afrenta política anoche sacaba en Palacio comentarios del tipo “son unos antidemocráticos confesos”, como lo hacía ver uno de los integrantes del gabinete más cercanos al Mandatario. Hoy en la mañana, el Presidente salió por primera vez de Santiago desde que el 18/O detonó la crisis, a supervisar otro incendio, el que asola a Valparaíso. Allá mismo, pero en el Congreso, se sorteaba en una tómbola la comisión revisora. Tres de oposición y dos de gobierno: Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y Gastón Von Muhlenbrock (UDI).

¿Qué complica a lado y lado? Veamos.

La oposición, con medio metro cuadrado

Las once firmas con las que se presentó el libelo incluyen a una PPD, la diputada Carolina Marzán, y dos PS, Emilia Nuyado y Jaime Naranjo. Esto compromete de hecho a ambos colectivos, aunque ninguno de los dos ha tomado una decisión oficial. Marzán le avisó hace unos días a su jefe de bancada, el diputado Ricardo Celis, que lo hacía por motivos personales; él no le puso peros. Algo parecido hicieron los socialistas al contarle a Manuel Monsalve, pero aunque en ese partido tampoco han bajado línea, el tema los complica.

“Hemos tenido severas dudas sobre la estrategia a seguir”, cuentan en las filas que dirige Álvaro Elizalde: el PC y elementos del Frente Amplio llevan el estandarte de esto y en las calles aún suena fuerte el “renuncia Piñera”. En sus 110 páginas, la acusación se cimenta en un detallado relato de violaciones a los derechos humanos que no es sencillo de soslayar entre los diputados. Resumen: hasta ahora la postura extraoficial es no liderar la presentación, pero sí votarlo a favor en la sala.

Además, con parte de quienes hoy siguen en la calle molesta contra el acuerdo para una nueva Constitución (no olvidar la agresiva funa contra Beatriz Sánchez y personeros del Frente Amplio el domingo), en el PS creen que bien eso podría volverse contra sus filas si le dan la espalda a los comunistas en esta vuelta.

Pero en contra pesan argumentos que los parlamentarios PS han digerido puertas adentro. Aun en el remoto caso que en la Cámara se lograra una mayoría, hay cero posibilidad que el juicio político pase el colador del quórum de 2/3 en el Senado (se exige una vara más alta que para acusar a un ministro). “Lo declararán inocente y con eso se fortalecerá la impunidad”, reclama un parlamentario de ese partido. Además, dicen, ya se acogió a tramitación una querella contra el Presidente, si es que el punto es no dejárselo pasar. En este punto se teme que en vez de dejar testimonio, como dicen en el PC, en la lucha por los derechos humanos, al final le hagan un flaco favor.

En el PS agregan que por eso la acusación es una medida “políticamente ineficaz”. El otro gran problema que vienen mirando hace rato es que le regalarían al gobierno y a su sector más que un respiro, justo cuando Palacio está en medio de una gran presión por parte de RN y con poco margen de acción. “Los uniríamos en torno al Presidente y les regalaríamos un triunfo”, reclaman, además -alertan- de desviar la atención del movimiento social.

Todo esto ha provocado efectos hasta ahora inéditos en la historia de las acusaciones. Ya van tres senadores que se han manifestado en contra de presentarla, rompiendo la regla de que ninguno habla hasta que no llegue al Senado para no quedar inhabilitados como jurado: el presidente, Jaime Quintana (PPD), y dos socialistas. José Miguel Insulza ya dijo que “una salida prematura del Presidente significaría una decisión muy grave”. Isabel Allende se sumó al sincerar hoy en Radio Concierto que “no soy partidaria de ese camino” y que “los presidentes cuando son elegidos democráticamente, deben terminar sus períodos. Eso es algo que tengo muy profundamente en mi alma”. En la DC tampoco hay buena recepción. “Me parece que no es oportuna, además todos sabemos que no es viable… (..) esto puede terminar siendo un combustible para que vuelva un nivel de crispación social y ciudadano de polarización que no hace bien a nadie”, dijo hoy su timonel, Fuad Chahin, en radio Infinita.
El PC, fuera del acuerdo y a la cabeza de la ofensiva

Estos argumentos no disuadieron al PC y demás firmantes, que en el texto sostienen que “si bien hay quienes consideran que acusar constitucionalmente al Presidente pugna con la democracia, lo cierto es que el principio republicano indica precisamente lo contrario: sólo en regímenes autoritarios o monárquicos el Jefe de Estado está exento de responsabilidad por sus actos”.

El partido -que todavía recibe críticas por no haber firmado el acuerdo para una nueva Constitución- se jugará muchas fichas en esto. Su bancada de diputados, cuentan en el Congreso, iniciará por estos días una intensiva campaña de difusión masiva de la acusación. “Vamos a sacar una versión popular, tipo folleto, y en powerpoint”, explican en el colectivo de la hoz y el martillo. Lo llevarán a las ferias y concentraciones, dicen.

Esta idea de convertir la acusación en herramienta masiva, agregan en el PC, se mantendrá en el tiempo durante los días que haga falta. Y eso instala la duda de cuánto prenderá en la calle y si arrinconará de algún modo al resto de la oposición. En concreto al PS, porque de momento la DC parece marginarse del todo.
La crispación que alarma a La Moneda

Pero a pesar del escaso peligro que representa, en La Moneda hay preocupación por varias razones. La primera, dicen allí, es que en este cuadro una acusación como ésta “crispa y dinamita” el ambiente que se buscaba en los últimos días y que así “el esfuerzo político para buscar una salida institucional a la crisis se pone entredicho”, comentan en el Ejecutivo.

O sea, insisten, un retroceso en las relaciones que se venían construyendo con la oposición. Así, algunos ministros del comité político; el subsecretario de la Segpres, Juan Francisco Galli; y su par de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, han tenido conversaciones informales con algunos personeros de la oposición para sondear sus posturas y pedirles que haya definiciones claras. Por ejemplo, el viernes pasado en el Congreso, entre las conversaciones y discusiones de trasnoche durante la tramitación del Presupuesto, se le hizo ver a parlamentarios opositores que eso “no coincide” con la paz política que se busca. “¿Cómo negociar proyectos en el Parlamento si están acusando o no están haciendo nada por evitar que acusen al Presidente?”, resumen.

Pese a eso, tampoco se estaban desplegando -como ocurre en casos como éste- operaciones ni conversaciones tendientes a minar la ofensiva opositora. En la Segpres sostienen que primero esperarán a que los partidos determinen si están a favor o en contra de la acusación contra Piñera, antes de determinar qué hacer. Eso sí, según fuentes de gobierno, varios parlamentarios de la oposición han transmitido que “no están a favor” del libelo y que no lo apoyarán.

La crispación que genera la acusación, dice el Ejecutivo, traería consigo otra consecuencia: un eventual aumento el rechazo ciudadano y, por lo tanto, el incentivo para nuevas movilizaciones y presión social. El escenario de nuevas marchas y lo que sea que venga con ello es un punto de diagnóstico compartido en ambas facciones en pugna.

Además, algunos en La Moneda ven otro elemento de complicación: el costo personal que significa para Piñera, quien está siendo duramente cuestionado por su manejo en materia de derechos humanos. Si bien, otros en Palacio dicen que con o sin acusación ese flanco ya está en el tapete, hay quienes consideran que con la ofensiva las críticas se van a recrudecer. Esto, en un escenario en que, además, organismos internacionales han venido a Chile a realizar sus monitoreos en terreno. Hoy en la mañana, precisamente, recibió a una delegación de Human Rights Watch.

De hecho, en el gobierno están a la espera del informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el que, de ser desfavorable, reconocen, podría recrudecer aún más los ánimos con sectores de la oposición. En el PS circulan trascendidos que se estaría a la espera precisamente de eso -para qué decir si Michelle Bachelet en persona se pronuncia- antes de tomar una decisión final. Pero al menos sus parlamentarios niegan haber analizado puertas adentro este factor.

En paralelo, La Moneda ha ido reforzando su estrategia para visibilizar lo que están haciendo para resguardar los derechos fundamentales y determinó suspender -luego de más de 200 casos de personas con daño ocular- el uso de balines como medida durante las manifestaciones.

Con todo, en Palacio si bien recalcan que la acusación es una complicación y que deberán seguir con todos los pasos formales, lo que implica la elección de un abogado que represente a Piñera, afirman que las diferencias que existen en la propia oposición sobre la ofensiva “ocupará parte importante de la agenda”.

latercera

¿Cuánto ganan los parlamentarios en Chile?

 

La rebaja en las dietas parlamentarias

Tras el estallido social originado por el alza de las tarifas del Metro, el Presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas que incluye rebaja en las dietas parlamentarias. Piñera anunció una “agenda social” que considera distintas medidas, incluyendo la reducción de las dietas parlamentarias y el límite a su reelección.

$9.349.851 es el sueldo bruto de senadores y diputados en Chile (aproximadamente US$13.000). A modo de comparación, el nuevo Ingreso Mínimo Garantizado será de $350 mil pesos brutos, es decir, cerca de 27 veces menos que el sueldo de un diputado o un senador.

Además de la dieta, los parlamentarios reciben mensualmente recursos para la realización de su labor, como por ejemplo, para contratar funcionarios, asesores, arrendar oficinas, pasajes aéreos, etcétera. El conjunto de asignaciones que percibe un senador puede llega hasta los $23.632.824 mensuales ($24.135.844 en el caso de los senadores de las regiones IV, V, VI y VII).
Por lo tanto, la suma de la dieta más las asignaciones para un senador es de $32.982.675 ($33.485.695 para los senadores de las regiones IV, V, VI y VII).

Las asignaciones de los diputados, en tanto, son notablemente menores a las de los senadores: $11.434.322 mensuales. Así, la suma de la dieta más las asignaciones es de $20.784.173 mensuales por integrante de la Cámara Baja.

 periodismo.com

Viudo de Viviana Haeger e hijas demandan al Estado de Chile: Acusan “torturas” y piden indemnización de casi $2.000 millones

“El 29 de junio de 2010 Viviana Haeger Massé no llegó a buscar a su hija Vivian al colegio, no contestaba llamadas, lo que resultó una situación anormal en su diario vivir, por lo que se efectuó la correspondiente denuncia a los organismos policiales correspondientes, es decir Carabineros de Chile -Tenencia de Carreteras- y Policía de Investigaciones de Chile, quienes iniciaron el procedimiento”.

Así comienza la demanda de indemnización de perjuicios que presentó JaimeAnguitaMedel (62) junto a sus dos hijas, Vivian (23) y su hermana S.A.H. (16) en contra del Estado de Chile ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, acusando una serie de negligencias por parte de la PolicíadeInvestigaciones, ServicioMédicoLegal y el Ministerio Público en la investigación de la muerte de su esposa. En la acción, la familia exige ser indemnizada en $1.998.125.980 por los daños ocasionados a raíz de la falta de servicio de los organismos públicos mencionados.

El caso ocurrió en junio de 2010, y se transformó en uno de los homicidios más emblemáticos desde la implementación de la Reforma Procesal Penal, el que generó una amplia cobertura mediática. En una trama policial escabrosa, el cuerpo de la víctima fue encontrado en la buhardilla de su casa ubicada en la ciudad de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos. Ello luego de que durante 42 días efectivos de la PDI realizaran -sin éxito- una serie de diligencias para determinar su paradero.

Durante toda la investigación y el juicio, para la Fiscalía el principal sospechoso fue el propio marido de Viviana Haeger, por lo que estuvo dos años en prisión preventiva. Su tesis fue que Anguita había supuestamente contratado a José Pérez Mansilla como sicario para cometer el asesinato, según el testimonio de este último.

Sin embargo, dicha tesis fue desestimada en tribunales. El 28 de septiembre de 2017 el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt absolvió a Jaime Anguita debido a que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en el juicio no bastaron para acreditar su responsabilidad, condenando a Pérez a una pena de 10 años de cárcel.

A más de dos años del términos del juicio, la familia Anguita-Haeger decidió acudir a tribunales, denunciando que el padre del clan sufrió “torturas” por parte de entidades del Estado de Chile. A modo de ejemplo, reza el documento, afirman que desde el 8 de diciembre de 2015 y por el lapso de más de un año y nueve meses, Jaime Anguita fue encarcelado como el principal sospechoso de la muerte de su mujer. “Como primera medida, se requirió a Gendarmería que aplicaran la política por riesgo de suicidio, por lo que durante más de seis meses no pudo dormir con la luz apagada, es decir en oscuridad, era despertado reiteradamente en las noches y debía dormir vigilado por un gendarme quien estaba en la misma celda que él”, consignó la demanda a la cual tuvo acceso La Tercera PM.

“Esto generó un profundo estrés y llega incluso a ser un ejemplo claro de tortura en contra del demandante, un chileno que fue víctima de la negligencia del Ministerio Público, de la PDI y del SML, pero que de igual forma fue torturado por orden de un servicio dependiente del Estado que tiene como obligación velar por la protección de sus derechos”, acusó el mismo texto.
“Una infancia disfuncional en diversos hogares de familiares”

Según la demanda, el actuar negligente y la falta de servicio del Estado de Chile ocasionó cinco consecuencias directas en la familia Anguita-Haeger. Durante más de un año Jaime Anguita estuvo en prisión siendo una persona inocente, afectando “su honra, patrimonio y seguridad, siendo víctima de vejámenes sin igual, los que en algunos casos pueden incluso ser calificados de tortura”.

El mismo escrito advierte que durante el proceso, Vivian Anguita Haeger, quien al ser detenido su padre tenía 19 años de edad, debió volver a Chile desde Alemania, abandonando sus estudios “para hacerse cargo de su hermana menor, asumiendo responsabilidades que no le correspondían, mientras en paralelo digería el hecho de que su padre estaba imputado por el asesinato de su madre y que éste lo había fraguado”.

Según la demanda, otra de las consecuencias que dejó el caso fue la “destrucción de la familia materna (Haeger Masse), la que a pesar de la absolución de Jaime Anguita, sigue sindicándolo como el responsable de la muerte de su hija y hermana, pese a la verdad a la que se arribó, impidiendo la reconstrucción de este vínculo”. A ello se suman los perjuicios sufridos por la menor del clan Anguita Haeger, quien vivió “una infancia disfuncional en diversos hogares de familiares” y, siendo contenida por su única hermana.

A todo ello se suma “el excesivo escrutinio público, producto de las filtraciones a los medios de comunicación tanto de la PDI como de la Fiscalía, las innumerables entrevistas, lo que hizo que hoy en toda la región, Jaime Anguita Medel siga siendo el asesino de su cónyuge pese a la sentencia que declara lo contrario, puesto que ya lo era en los tabloides y medios”, advierte la demanda.
Las falencias de la fiscalía, PDI y el SML

Según la sentencia que absolvió a Anguita, el cuerpo de su esposa nunca se movió del lugar en que se encontró y para la familia este fue el primero de una larga cadena de errores por parte de funcionarios de la PDI.

Al parecer de la familia, tales efectivos “cometieron también groseros errores que atentaron contra la investigación”. Ejemplo de ello es que el “perimetrista” sólo utilizó los planos originales de la casa y, no recorrió el inmueble in situ no percatándose que la casa contemplaba una buhardilla. “Desconocemos si esto fue por simple flojera o consideró innecesario que su trabajo se efectuara de la forma más cercana a la realidad”, acotó la demanda.

En el escrito se detalla que a raíz de las negligencias en la investigación, varios funcionarios de la PDI fueron sancionados administrativamente. Situación en la que se encuentra el prefecto Juan Francisco Galleguillos Acuña, el comisario Jaime Muñoz Gallardo, el comisario JorgeMárquezMonsalve, el comisario YankoOlmedo Veas, el inspector Javier Vega Dueñas y el subinspector Pablo Alegría Guerrero.

Por otro lado, la familia también acusa que el SML presentó negligencias en el tratamiento de pruebas fundamentales que se “extraviaron”, verificándose problemas en la cadena de custodia.

“La polera que utilizaba doña Viviana el día que fue asesinada se extravió estando en manos de funcionarios públicos. Esto derivó en nuevas teorías que imputaron a Jaime Anguita, las que podrían haber sido rápidamente descartadas de no mediar tales errores. Resultó en definitiva ser prueba fundamental, que se perdió, y que llevó a inventar teorías irreales de imputación”.

En efecto, de acuerdo a la primera autopsia, la polera que había causado las marcas en las muñecas, y que había dado origen a la errada teoría de que la víctima estuvo amarrada se perdió.

Mientras los cuestionamientos al Ministerio Público se centraron en no contar con el “estándar mínimo de diligencia” a la luz de los antecedentes y fundó su acusación en el testimonio del actual condenado José Pérez Mancilla, a sabiendas que hubo declaraciones de testigos que desvirtuaban sus dichos.

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