La
Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valdivia
tras estudiar los antecedentes e informes presentados por Gendarmería,
le reconoció el derecho a 145 internos de recintos penitenciarios de Río
Bueno, Osorno y Valdivia que cumplían con los requisitos legales para
continuar el cumplimiento de las penas impuestas en libertad.
La
Comisión -que se rige por el Decreto Ley Nº 321 de 1925 y su
reglamento- fue presidida por el ministro Juan Ignacio Correa e
integrada, además, por las magistradas Gloria Sepúlveda y Alicia
Faúndez, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia; Lissette
Salazar, del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, y el juez Juan
Vio, del Juzgado de Garantía de Los Lagos. Inició la revisión de las
solicitudes el lunes 23 de octubre recién pasado, trabajo que concluyó
ayer, pasado el mediodía.
Durante
las tres jornadas, correspondientes a la sesión de segundo semestre del
año, la comisión analizó las solicitudes que presentaron 152 internos.
En cinco casos, se omitió pronunciamiento por estar cumplidas las
condenas al momento de la evaluación o por haber accedido a la libertad
condicional por medio de un recurso de amparo; En tanto, dos
postulaciones fueron rechazados por no registrar una buen conducta y no
haber cumplido con el porcentaje reglamentario de cumplimiento para
acceder al derecho, respectivamente.
La
magistrada Alicia Faúndez Valenzuela explicó que la labor de los
integrantes de la comisión “es verificar si los condenados cumplen los
requisitos que establece el decreto ley para acceder a la libertad
condicional; esto es: cuando hayan cumplido la mitad de la pena, cuando
hayan registrado una buena conducta en los tres últimos bimestres y que
hayan aprendido un trabajo”.
Sobre
las solicitudes rechazadas, la magistrada dijo que: “Gendarmería
presentó la solicitud de libertad condicional para 152 condenados. De
estas postulaciones se rechazó una porque venía de manera muy
anticipada, lo procedente es que lo pida nuevamente el semestre
siguiente; y se rechazó otro caso por conducta, porque la persona tenía
una falta grave que le impedía acceder a este derecho”.
