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La fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel, pide
que se condene a una pena de 5 años de presidio a la ex funcionaria
municipal Sandra Granzotto, a quien acusa por llenar con datos falsos
la Ficha de Protección Social para obtener $7 millones, con los que
compró una vivienda de 76 metros cuadrados en Mehuín.
Una acusación por el delito de fraude al fisco presentó ayer en
la tarde ante el Juzgado de Garantía de Valdivia la fiscal jefe de
esta ciudad, Tatiana Esquivel, en contra de la ex directora de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de Loncoche, Sandra Granzotto Mardones,
quien cuando ejercía dicho cargo en el año 2009 obtuvo un subsidio
habitacional por $7 millones, con los cuales adquirió una casa de veraneo
en la localidad de Mehuín, en la comuna de San José de la Mariquina,
Región de Los Ríos.
Por este delito, la fiscal Esquivel solicitó que se le condene a una pena de 5 años de presidio, una multa
de 15 Unidades Tributarias Mensuales, inhabilitación absoluta perpetua
para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios
públicos durante el tiempo de la condena, además del comiso de la
vivienda adquirida en Mehuín.
La acusación señala
que la ex funcionaria pública llenó con datos falsos la Ficha de Protección
Social del Ministerio de Desarrollo Social, obteniendo el puntaje necesario
para que el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos
le otorgara el subsidio habitacional a través del programa Fondo Solidario
de Vivienda.
“Los antecedentes
que entregó la imputada al momento de ser encuestada para la Ficha
de Protección Social son objetivamente falsos. Ella declaró
vivir en una propiedad cedida, en circunstancias que ella ya era propietaria
de una vivienda, lo que de acuerdo a la ley que regula los subsidios
habitacionales es un impedimento para ser beneficiario”, explicó
la fiscal. La acusada es, además, dueña de dos autos, un Chevrolet
Aveo del año 2008 y una camioneta Nissan del año 1995.
La fiscal Esquivel agregó
que la imputada informó al Ministerio de Vivienda que sufría de una
discapacidad física, “lo que también es falso”. Asimismo, en la
Ficha de Protección Social consignó percibir como remuneración un
monto considerablemente menor a los $786 mil que recibía mensualmente
como salario.
Con el subsidio habitacional,
que ascendió a 330 UF, la imputada adquirió una casa de
76 metros cuadrados construidos, emplazada en un sitio de 800 metros
cuadrados. Además del monto del subsidio, Granzotto pagó al contado
el equivalente a 129,8 UF y aportó otras 10 UF que había ahorrado
para acceder al subsidio. La inscripción de la propiedad a su nombre
se protocolizó en una notaría de Valdivia.
AGRAVANTE
En la acusación, la fiscal Tatiana Esquivel invocó como circunstancia
agravante el “prevalerse del carácter público que tenga el culpable”,
añadiendo que esta agravante “se estima concurrente, ya que a la
fecha de los hechos, la acusada se desempeñaba como Directora de Desarrollo
Comunitario y la ficha de protección social que contenía los datos
falsos y que permitieron que se concretara el fraude fue confeccionada
por el Departamento Social de la municipalidad de Loncoche, el que depende
directamente de la Dirección de Desarrollo comunitario, donde ella
desempeñaba labores de jefatura”.
Ahora que la acusación fue presentada al Juzgado de Garantía de
Valdivia, éste tiene un plazo no inferior a 25 días ni superior a 35 días
para fijar una audiencia para la preparación del juicio oral. En esa
audiencia, y atendido a que la pena asignada al delito de fraude al
fisco es inferior a cinco años, la Fiscalía puede proponer a la acusada
que se realice en esa misma instancia un procedimiento abreviado, que
implica su reconocimiento de los antecedentes de la investigación y
permitiría obtener una condena inmediata.
Si la acusada no acepta un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía dictará el auto de apertura del
juicio oral, para que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta
ciudad fije la fecha para el juicio correspondiente.
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