Una semana después, llegó la respuesta. Firmada por cerca de cien dirigentes, entre los que se encuentran la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, los parlamentarios Francisco Huenchumilla (DC), Maya Fernández (PS), Camila Vallejo (PC), Jaime Mulet (FRVS), Camila Rojas y Claudia Mix (Comunes) además de figuras de la izquierda como Fernando Atria, Jorge Baradit y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la misiva -a la que accedió La Tercera PM- se da luego de que cerca de 200 dirigentes de la exConcertación hicieran un “urgente llamado” a un acuerdo nacional.
Si el primer documento hacía un fuerte énfasis en la condena a la violencia y la necesidad de un acuerdo en tres puntos -un programa social “relevante y sostenible”; paz social y orden público; y la recuperación y crecimiento de la economía-, su respuesta hace hincapié en la necesidad de mantener la movilización, de superar “el actual orden constitucional” y de criticar duramente los acuerdos “elitarios”.
La réplica -titulada sólo como “Declaración Pública”- abre nuevamente el debate entre las dos almas de la centroizquierda. Esta vez, quienes ponen su nombre se ubican en un abanico de corrientes que van desde el sector progresista de la DC, hasta la disidencia del PS, el PC, regionalistas verdes y miembros del Frente Amplio.
“No contribuye insistir en pasadas fórmulas de acuerdo elitario cuando lo que está por delante es un claro itinerario político-institucional que deposita en la soberanía popular democrática la reconstrucción de un pacto social a través de una nueva Constitución Política. Un ‘acuerdo nacional’ entre una representación política oligarquizada y en crisis -como el que ha propuesto un grupo de ex dirigentes de la Concertación- no constituye un camino viable para dar cuenta de las demandas sociales, ni de reconocimiento y participación política como las que se han expresado a partir del movimiento del 18 de octubre”, se lee en el cuarto párrafo, en directa respuesta.
A diferencia de la publicada la semana pasada y que estuvo firmada por dirigentes como Soledad Alvear, Sergio Bitar y el senador José Miguel Insulza (PS), esta nueva misiva sí hace un llamado a votar por el “apruebo” y la convención constitucional el próximo 26 de abril. Sin embargo, no hace alusión a la violencia registrada desde el 18 de octubre, tema que en la carta anterior ocupó un gran capítulo.
“Este esperanzador momento político que vive Chile solo ha sido posible por la movilización social masiva y decidida del pueblo a partir del 18 de octubre de 2019. Se trata de un movimiento que expresa el profundo malestar con la desigualdad social y el abuso, con un modelo económico que se sostiene en bajos salarios y pensiones, trabajos precarios, desconocimiento de derechos sociales y laborales", entre otros, afirman. "No es posible salir de este estado de injusticia, de estancamiento económico, de discriminación de género y precarización de la vida en sus distintas dimensiones, sino es superando el actual orden constitucional que lo cobija y protege a través de la neutralización de la voluntad democrática de las mayorías”, se lee en el segundo párrafo.
El grupo, además, habla latamente de una “crisis de representación política”. “No existe una real salida a la crisis si la sociedad movilizada no reconstruye en la próxima etapa una nueva representación política”, plantean. “Necesitamos que los viejos y nuevos actores políticos se involucren y participen de dicho proceso de reformulación y reconstrucción del sistema político chileno”.
La única mención que el grupo de firmantes realiza al orden público, punto central de la carta de la exConcertación, se encuentra al final del documento. Pero el énfasis es distinto. “Se equivocan aquellos y aquellas que quieren reducir el problema político y social actual a un tema de orden público”, afirman.
Por último, los dirigentes apoyan que continúen las movilizaciones y realizan una condena a las “graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se han verificado desde el 18-O”.
Entre los firmantes se encuentran el ex presidente de RD, Rodrigo Echecopar, la timonel de Comunes, Javiera Toro. También se encuentran tres expresidentes del PS: Jorge Arrate, Gonzalo Martner y Germán Correa. Y los diputados Marcelo Díaz (exPS), y socialistas Daniela Ciccardini, Juan Luis Castro y Manuel Monsalve. Todos rubricaron la carta “a título personal”.
Si el primer documento hacía un fuerte énfasis en la condena a la violencia y la necesidad de un acuerdo en tres puntos -un programa social “relevante y sostenible”; paz social y orden público; y la recuperación y crecimiento de la economía-, su respuesta hace hincapié en la necesidad de mantener la movilización, de superar “el actual orden constitucional” y de criticar duramente los acuerdos “elitarios”.
La réplica -titulada sólo como “Declaración Pública”- abre nuevamente el debate entre las dos almas de la centroizquierda. Esta vez, quienes ponen su nombre se ubican en un abanico de corrientes que van desde el sector progresista de la DC, hasta la disidencia del PS, el PC, regionalistas verdes y miembros del Frente Amplio.
“No contribuye insistir en pasadas fórmulas de acuerdo elitario cuando lo que está por delante es un claro itinerario político-institucional que deposita en la soberanía popular democrática la reconstrucción de un pacto social a través de una nueva Constitución Política. Un ‘acuerdo nacional’ entre una representación política oligarquizada y en crisis -como el que ha propuesto un grupo de ex dirigentes de la Concertación- no constituye un camino viable para dar cuenta de las demandas sociales, ni de reconocimiento y participación política como las que se han expresado a partir del movimiento del 18 de octubre”, se lee en el cuarto párrafo, en directa respuesta.
A diferencia de la publicada la semana pasada y que estuvo firmada por dirigentes como Soledad Alvear, Sergio Bitar y el senador José Miguel Insulza (PS), esta nueva misiva sí hace un llamado a votar por el “apruebo” y la convención constitucional el próximo 26 de abril. Sin embargo, no hace alusión a la violencia registrada desde el 18 de octubre, tema que en la carta anterior ocupó un gran capítulo.
“Este esperanzador momento político que vive Chile solo ha sido posible por la movilización social masiva y decidida del pueblo a partir del 18 de octubre de 2019. Se trata de un movimiento que expresa el profundo malestar con la desigualdad social y el abuso, con un modelo económico que se sostiene en bajos salarios y pensiones, trabajos precarios, desconocimiento de derechos sociales y laborales", entre otros, afirman. "No es posible salir de este estado de injusticia, de estancamiento económico, de discriminación de género y precarización de la vida en sus distintas dimensiones, sino es superando el actual orden constitucional que lo cobija y protege a través de la neutralización de la voluntad democrática de las mayorías”, se lee en el segundo párrafo.
El grupo, además, habla latamente de una “crisis de representación política”. “No existe una real salida a la crisis si la sociedad movilizada no reconstruye en la próxima etapa una nueva representación política”, plantean. “Necesitamos que los viejos y nuevos actores políticos se involucren y participen de dicho proceso de reformulación y reconstrucción del sistema político chileno”.
La única mención que el grupo de firmantes realiza al orden público, punto central de la carta de la exConcertación, se encuentra al final del documento. Pero el énfasis es distinto. “Se equivocan aquellos y aquellas que quieren reducir el problema político y social actual a un tema de orden público”, afirman.
Por último, los dirigentes apoyan que continúen las movilizaciones y realizan una condena a las “graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se han verificado desde el 18-O”.
Entre los firmantes se encuentran el ex presidente de RD, Rodrigo Echecopar, la timonel de Comunes, Javiera Toro. También se encuentran tres expresidentes del PS: Jorge Arrate, Gonzalo Martner y Germán Correa. Y los diputados Marcelo Díaz (exPS), y socialistas Daniela Ciccardini, Juan Luis Castro y Manuel Monsalve. Todos rubricaron la carta “a título personal”.
