Militares venezolanos exiliados denunciaron hoy en la Organización de los Estados Americanos (OEA) la "persecución sistemática" del Gobierno de Nicolás Maduro a civiles, en la segunda audiencia sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El capitán Igor Nieto Buitrago declaró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidió en marzo someter a civiles a la "persecución sistemática" de la justicia militar que el Gobierno ya había usado para "amedrentar" a "oficiales tanto activos como retirados".
Según su relato, dio ese paso después de que la entonces fiscal general, Luisa Ortega, ahora también en el exilio, comenzara "a manifestar que no estaba apegada a las directrices y a su comportamiento (del Gobierno) de violación de derechos humanos".
Por su parte, el general mayor Hebert García-Plaza, que fue ministro de Alimentación en 2014, explicó el funcionamiento del "Plan Zamora", activado el pasado abril por Maduro para mantener el orden interno ante supuestas amenazas de golpe de Estado.
Este plan, aseguró a la prensa tras la sesión, fue "la aplicación de una operación militar para imponer la paz y materializar la posibilidad de instalar la Asamblea Nacional Constituyente".
El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, el exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a cargo de las audiencias, le preguntó si el plan incluye la posibilidad de considerar a civiles como enemigos de las Fuerzas Armadas, y él respondió que sí.
Al interrogante de si había alguna evidencia de que esas personas estuvieran tratando de hacer un golpe de Estado, contestó lo siguiente.
"Un ejemplo son las personas que vimos detenidos por 'guarimberos' (manifestantes), si eso es un enemigo interno que pone en peligro la soberanía o la libertad de la nación, tendremos que tener el 'Plan Zamora' activado todo el tiempo", afirmó.
Además, consideró que "el carnet de la patria" creado por Maduro este año es un perverso instrumento de manipulación" al ser la "única" vía para "tener acceso a derechos humanos como alimentación y salud".
Por su parte, el teniente coronel José Gustavo Arocha, exiliado en EE.UU. desde 2015, denunció que le "sembraron" evidencias en su contra cuando ya estaba retirado y que fue "torturado en un sitio secreto llamado 'la tumba' para buscar una confesión que involucrara a otras personas dentro de la oposición".
Al término de la audiencia, la última de este mes, Ocampo reiteró su invitación al Gobierno de Venezuela a que participe y subrayó que "esto no es un juicio".
A la delegación de Venezuela en la OEA se le envió la misma invitación que al resto de Estados miembros, pero no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere "validar" una actividad que considera "ilegal", según explicaron a Efe fuentes de esa misión.
La iniciativa no solo disgusta a Venezuela y sus fieles aliados Bolivia y Nicaragua, sino que también causa "inquietud" y "malestar" entre algunos países críticos con el Gobierno de Maduro, que no creen que la OEA sea un foro apropiado para ella, explicaron a Efe fuentes de varias misiones.
Esta es la primera vez que la OEA impulsa una actividad de este tipo y lo hace a iniciativa de su secretario general, Luis Almagro, y no de los Estados miembros.
Tanto en la audiencia de este jueves, con representantes de la sociedad civil, como en la de hoy hubo varias sillas de delegaciones vacías (en algunos momentos hasta la mitad de ellas) y se vieron pocos embajadores, ya que la mayoría envió a funcionarios de menor rango.
Los que más presencia tuvieron fueron los embajadores de Costa Rica y Canadá, cuyo ministerio de Exteriores apoyó hoy en un comunicado la iniciativa.
De estos dos países y de Argentina son los tres juristas nombrados por Almagro para evaluar la información recabada en las audiencias -que continuarán en una fecha por decidir en octubre- y determinar antes del 30 de octubre si hay base para llevar a Venezuela ante la CPI.
Si concluyen que sí, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
Una "referencia" de uno o varios Estados tendría más impacto porque abriría automáticamente un examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, informaron a Efe fuentes de La Haya, y sería histórico, ya que nunca antes un Estado ha llevado a otro ante el tribunal.
El capitán Igor Nieto Buitrago declaró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidió en marzo someter a civiles a la "persecución sistemática" de la justicia militar que el Gobierno ya había usado para "amedrentar" a "oficiales tanto activos como retirados".
Según su relato, dio ese paso después de que la entonces fiscal general, Luisa Ortega, ahora también en el exilio, comenzara "a manifestar que no estaba apegada a las directrices y a su comportamiento (del Gobierno) de violación de derechos humanos".
Por su parte, el general mayor Hebert García-Plaza, que fue ministro de Alimentación en 2014, explicó el funcionamiento del "Plan Zamora", activado el pasado abril por Maduro para mantener el orden interno ante supuestas amenazas de golpe de Estado.
Este plan, aseguró a la prensa tras la sesión, fue "la aplicación de una operación militar para imponer la paz y materializar la posibilidad de instalar la Asamblea Nacional Constituyente".
El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, el exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a cargo de las audiencias, le preguntó si el plan incluye la posibilidad de considerar a civiles como enemigos de las Fuerzas Armadas, y él respondió que sí.
Al interrogante de si había alguna evidencia de que esas personas estuvieran tratando de hacer un golpe de Estado, contestó lo siguiente.
"Un ejemplo son las personas que vimos detenidos por 'guarimberos' (manifestantes), si eso es un enemigo interno que pone en peligro la soberanía o la libertad de la nación, tendremos que tener el 'Plan Zamora' activado todo el tiempo", afirmó.
Además, consideró que "el carnet de la patria" creado por Maduro este año es un perverso instrumento de manipulación" al ser la "única" vía para "tener acceso a derechos humanos como alimentación y salud".
Por su parte, el teniente coronel José Gustavo Arocha, exiliado en EE.UU. desde 2015, denunció que le "sembraron" evidencias en su contra cuando ya estaba retirado y que fue "torturado en un sitio secreto llamado 'la tumba' para buscar una confesión que involucrara a otras personas dentro de la oposición".
Al término de la audiencia, la última de este mes, Ocampo reiteró su invitación al Gobierno de Venezuela a que participe y subrayó que "esto no es un juicio".
A la delegación de Venezuela en la OEA se le envió la misma invitación que al resto de Estados miembros, pero no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere "validar" una actividad que considera "ilegal", según explicaron a Efe fuentes de esa misión.
La iniciativa no solo disgusta a Venezuela y sus fieles aliados Bolivia y Nicaragua, sino que también causa "inquietud" y "malestar" entre algunos países críticos con el Gobierno de Maduro, que no creen que la OEA sea un foro apropiado para ella, explicaron a Efe fuentes de varias misiones.
Esta es la primera vez que la OEA impulsa una actividad de este tipo y lo hace a iniciativa de su secretario general, Luis Almagro, y no de los Estados miembros.
Tanto en la audiencia de este jueves, con representantes de la sociedad civil, como en la de hoy hubo varias sillas de delegaciones vacías (en algunos momentos hasta la mitad de ellas) y se vieron pocos embajadores, ya que la mayoría envió a funcionarios de menor rango.
Los que más presencia tuvieron fueron los embajadores de Costa Rica y Canadá, cuyo ministerio de Exteriores apoyó hoy en un comunicado la iniciativa.
De estos dos países y de Argentina son los tres juristas nombrados por Almagro para evaluar la información recabada en las audiencias -que continuarán en una fecha por decidir en octubre- y determinar antes del 30 de octubre si hay base para llevar a Venezuela ante la CPI.
Si concluyen que sí, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
Una "referencia" de uno o varios Estados tendría más impacto porque abriría automáticamente un examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, informaron a Efe fuentes de La Haya, y sería histórico, ya que nunca antes un Estado ha llevado a otro ante el tribunal.
efe
