RÍO DE JANEIRO — América Latina ha sido hasta ahora una de las regiones menos afectadas por el COVID-19. El primer caso fue detectado el 26 de febrero en Brasil, la primera muerte, el 7 de marzo en Argentina.
La pandemia ha tardado en llegar a la región, pero esta semana el Ministerio de la Sanidad brasileño ha anunciado el inicio de la fase de transmisión comunitaria del virus, que consiste en el contagio local entre personas que no han viajado a zonas de riesgo en el extranjero ni han estado en contacto con personas provenientes de esas zonas. Esto significa que el simple aislamiento de la región y de los infectados no será suficiente: los casos de COVID-19 crecerán en América Latina.
Es preocupante porque la región no está preparada para la propagación del virus y se puede esperar un escenario aún más complejo que el europeo —donde se han registrado más de 4000 muertes y más de 80.000 casos— e incluso volverse la mayor víctima del COVID-19, si las autoridades sanitarias y los gobiernos de nuestros países no adoptan acciones inmediatas para fortalecer sus sistemas de salud. Combatir una pandemia que afectará a una parte significativa de la población no solo es cuestión de inversión sino de un agresivo y eficaz redireccionamiento de los recursos existentes para disminuir sus efectos.
A diferencia de Estados Unidos, gran parte de los países latinoamericanos tiene la salud como un derecho social garantizado por la constitución, tal es el caso de México y Perú. Las constituciones brasileña y venezolana van más allá y la establecen como “derecho de todos y un deber del Estado”. Sin embargo, cuando vemos la proporción de recursos que esos países asignan a la salud pública, nos damos cuenta de cuán lejos están de otros países que se proponen también proveer salud para todos.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) —un centro de investigación independiente enfocado en la creación de políticas públicas de salud en Brasil—, México destina el 3 por ciento de su PIB a la salud pública y Venezuela, el 1,7 por ciento, mientras que el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 6,6 por ciento. Italia, por ejemplo, el escenario más terrorífico del coronavirus en estos días, destina el 6,7 por ciento de su PIB a la salud pública. Si se toma en cuenta la inversión total en salud (pública y privada) por habitante, vemos que la región es una de las que menos invierte en salud: 949 dólares per cápita, casi cuatro veces menos que los países miembros de la OCDE e incluso menos que el promedio de los países de Medio Oriente y el norte de África.
La clara limitación de la oferta de estos servicios se agrava por el hecho de que América Latina presenta un panorama epidemiológico —es decir, las principales causas de morbilidad y mortalidad de una población— más complejo que otras partes del mundo. En la región se combina la prevalencia de enfermedades no transmisibles —característica de países desarrollados— con enfermedades infecciosas de países pobres. Los sistemas de salud latinoamericanos tratan tipos de enfermedades totalmente diversos —de la hipertensión y la diabetes al dengue y el zika— y que requieren acciones de salud muy distintas.
A eso se suma una otra especificidad de América Latina que pesa en el sistema de salud: las victimas de violencia. En esa región, donde vive solo el 8 por ciento de la población mundial, se registra el 33 por ciento de los homicidios de todo el mundo. Un cuarto de todos los asesinatos del mundo se producen en México, Venezuela, Brasil y Colombia.
Tomando en cuenta ese contexto, ¿cómo podrán los países de la región hacerle frente al coronavirus?
Un estudio reciente del IEPS proyecta que solo los costos con unidades de cuidados intensivos (UCI) de pacientes de COVID-19 pueden llegar a consumir el equivalente al gasto total del gobierno brasileño en hospitalizaciones en 2019. Según el estudio, con cada punto porcentual de la población infectada de esta nueva cepa de coronavirus habrá que gastarse 1 billón de reales (equivalente a 250 millones de dólares) en hospitalización. Si un 20 por ciento de la población se infecta, el costo de hospitalización de estos pacientes sería equivalente al 98 por ciento del costo total de producción hospitalaria cubierto por el gobierno en todo 2019. Brasil tendría por lo tanto que doblar su capacidad de UCI o redireccionar todos los recursos de UCI solo para atender a los pacientes de COVID-19.
Pero es poco realista esperar que América Latina invierta más en los sistemas de salud. Incluso antes del brote del virus, las proyecciones indicaban un crecimiento económico muy bajo para la región en los próximos dos años. Esto hace poco probable que se invierta más en salud, y en especial en salud pública. Lo más seguro es que veamos un redireccionamiento de la oferta de salud para enfrentar la nueva emergencia sanitaria. Eso significa que los gobiernos movilizarán recursos financieros o asistenciales suplementarios solo para tratar a los pacientes de COVID-19 y podrían dejar sin esos recursos a otros pacientes. Tal situación puede agravarse si a ella se superponen brotes de otras enfermedades infecciosas. En 2019, se registraron 1501 muertes por el dengue en la región, un récord histórico.
Si una parte significativa de la población es infectada, los sistemas de salud tendrán que elegir entre atender a las víctimas del COVID-19 o a los portadores de todas las otras enfermedades. Tal escenario es dramático y convertiría a América Latina en la mayor víctima del coronavirus.
Para evitarlo es esencial que los gobiernos nacionales tomen dos importantes decisiones. En primer lugar, la más urgente, que inviertan masivamente en medidas de contención de la propagación de la epidemia, creando todos los incentivos posibles para que los ciudadanos eviten la circulación. En segundo lugar, y a largo plazo, que inviertan más y mejor en sus sistemas de salud para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la atención médica y asegurar que la región no esté tan desprotegida ante nuevas epidemias.
La pandemia ha tardado en llegar a la región, pero esta semana el Ministerio de la Sanidad brasileño ha anunciado el inicio de la fase de transmisión comunitaria del virus, que consiste en el contagio local entre personas que no han viajado a zonas de riesgo en el extranjero ni han estado en contacto con personas provenientes de esas zonas. Esto significa que el simple aislamiento de la región y de los infectados no será suficiente: los casos de COVID-19 crecerán en América Latina.
Es preocupante porque la región no está preparada para la propagación del virus y se puede esperar un escenario aún más complejo que el europeo —donde se han registrado más de 4000 muertes y más de 80.000 casos— e incluso volverse la mayor víctima del COVID-19, si las autoridades sanitarias y los gobiernos de nuestros países no adoptan acciones inmediatas para fortalecer sus sistemas de salud. Combatir una pandemia que afectará a una parte significativa de la población no solo es cuestión de inversión sino de un agresivo y eficaz redireccionamiento de los recursos existentes para disminuir sus efectos.
A diferencia de Estados Unidos, gran parte de los países latinoamericanos tiene la salud como un derecho social garantizado por la constitución, tal es el caso de México y Perú. Las constituciones brasileña y venezolana van más allá y la establecen como “derecho de todos y un deber del Estado”. Sin embargo, cuando vemos la proporción de recursos que esos países asignan a la salud pública, nos damos cuenta de cuán lejos están de otros países que se proponen también proveer salud para todos.
De acuerdo con un estudio del Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) —un centro de investigación independiente enfocado en la creación de políticas públicas de salud en Brasil—, México destina el 3 por ciento de su PIB a la salud pública y Venezuela, el 1,7 por ciento, mientras que el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 6,6 por ciento. Italia, por ejemplo, el escenario más terrorífico del coronavirus en estos días, destina el 6,7 por ciento de su PIB a la salud pública. Si se toma en cuenta la inversión total en salud (pública y privada) por habitante, vemos que la región es una de las que menos invierte en salud: 949 dólares per cápita, casi cuatro veces menos que los países miembros de la OCDE e incluso menos que el promedio de los países de Medio Oriente y el norte de África.
La clara limitación de la oferta de estos servicios se agrava por el hecho de que América Latina presenta un panorama epidemiológico —es decir, las principales causas de morbilidad y mortalidad de una población— más complejo que otras partes del mundo. En la región se combina la prevalencia de enfermedades no transmisibles —característica de países desarrollados— con enfermedades infecciosas de países pobres. Los sistemas de salud latinoamericanos tratan tipos de enfermedades totalmente diversos —de la hipertensión y la diabetes al dengue y el zika— y que requieren acciones de salud muy distintas.
A eso se suma una otra especificidad de América Latina que pesa en el sistema de salud: las victimas de violencia. En esa región, donde vive solo el 8 por ciento de la población mundial, se registra el 33 por ciento de los homicidios de todo el mundo. Un cuarto de todos los asesinatos del mundo se producen en México, Venezuela, Brasil y Colombia.
Tomando en cuenta ese contexto, ¿cómo podrán los países de la región hacerle frente al coronavirus?
Un estudio reciente del IEPS proyecta que solo los costos con unidades de cuidados intensivos (UCI) de pacientes de COVID-19 pueden llegar a consumir el equivalente al gasto total del gobierno brasileño en hospitalizaciones en 2019. Según el estudio, con cada punto porcentual de la población infectada de esta nueva cepa de coronavirus habrá que gastarse 1 billón de reales (equivalente a 250 millones de dólares) en hospitalización. Si un 20 por ciento de la población se infecta, el costo de hospitalización de estos pacientes sería equivalente al 98 por ciento del costo total de producción hospitalaria cubierto por el gobierno en todo 2019. Brasil tendría por lo tanto que doblar su capacidad de UCI o redireccionar todos los recursos de UCI solo para atender a los pacientes de COVID-19.
Pero es poco realista esperar que América Latina invierta más en los sistemas de salud. Incluso antes del brote del virus, las proyecciones indicaban un crecimiento económico muy bajo para la región en los próximos dos años. Esto hace poco probable que se invierta más en salud, y en especial en salud pública. Lo más seguro es que veamos un redireccionamiento de la oferta de salud para enfrentar la nueva emergencia sanitaria. Eso significa que los gobiernos movilizarán recursos financieros o asistenciales suplementarios solo para tratar a los pacientes de COVID-19 y podrían dejar sin esos recursos a otros pacientes. Tal situación puede agravarse si a ella se superponen brotes de otras enfermedades infecciosas. En 2019, se registraron 1501 muertes por el dengue en la región, un récord histórico.
Si una parte significativa de la población es infectada, los sistemas de salud tendrán que elegir entre atender a las víctimas del COVID-19 o a los portadores de todas las otras enfermedades. Tal escenario es dramático y convertiría a América Latina en la mayor víctima del coronavirus.
Para evitarlo es esencial que los gobiernos nacionales tomen dos importantes decisiones. En primer lugar, la más urgente, que inviertan masivamente en medidas de contención de la propagación de la epidemia, creando todos los incentivos posibles para que los ciudadanos eviten la circulación. En segundo lugar, y a largo plazo, que inviertan más y mejor en sus sistemas de salud para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la atención médica y asegurar que la región no esté tan desprotegida ante nuevas epidemias.
Miguel Lago es politólogo, director ejecutivo del Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), un centro de investigación basado en Brasil que se dedica a estudiar políticas y sistemas de salud.
nytimes
