La crisis en las instituciones judiciales de Polonia se agravó este martes tras el boicot de parte de los magistrados del Tribunal Supremo (...
La crisis en las instituciones judiciales de Polonia se agravó este martes tras el boicot de parte de los magistrados del Tribunal Supremo (TS) a una asamblea general y la profundización de la ruptura en el Constitucional (TC), mientras mantienen su pulso político el primer ministro, Donald Tusk, y el presidente Karol Nawrocki.
El Gobierno liberal de Tusk y la presidencia, en manos del ultraconservador Nawrocki, se disputan el control de las más importantes instituciones judiciales del país y han continuado con sus intercambios de acusaciones y cuestionamientos desde que el viernes se produjeran graves desórdenes ante la sede del TC.
El Tribunal Supremo, presidido por el juez Zbigniew Kapiński -afín a Nawrocki y a Ley y Justicia (PiS), el partido ultraconservador que encabeza la oposición-, convocó hoy una asamblea general para «evaluar los riesgos al orden constitucional» tras el incidente, en el que simpatizantes y diputados de la oposición trataron de irrumpir en el TC denunciando un golpe de Estado.
Sin embargo, la reunión del TS no pudo llegar a celebrarse por no contar con el cuórum normativo de dos tercios de asistencia por sala.
Un grupo de 28 de los 125 magistrados del tribunal (15 de la Sala Penal y 13 de las Salas Civil y de Control Extraordinario) había anunciado su abstención total, alegando la ilegitimidad de la convocatoria, un ejemplo más de la división que reina en las altas instancias de la judicatura.
En su comunicado, los jueces disidentes afirmaron que el órgano «debe estar libre de presiones de las autoridades políticas, y su funcionamiento (…) estar sujeto únicamente a la Constitución».
En paralelo, en el Tribunal Constitucional, que desde el viernes está bajo la dirección de la magistrada Anna Korwin-Piotrowska –afín al actual Gobierno y enfrentada al sector pro-PiS- un sector de siete jueces elegidos en la actual legislatura formalizó hoy la suspensión de Bogdan Święczkowski, presidente hasta la semana pasada, y de su número dos, Bartłomiej Sochański.
Ambos habían sido nombrados en la anterior legislatura y el Gobierno actual no reconocía su legitimidad.
Korwin-Piotrowska convocó además una reunión sobre posibles expedientes disciplinarios y, al mismo tiempo, el fiscal general, Waldemar Żurek, remitió un requerimiento para retirar la inmunidad a Święczkowski y Sochański por presunto abuso de poder, uso irregular de las plataformas de espionaje Pegasus y Hermes, y coacción física contra otros magistrados.
Tusk alerta sobre la injerencia rusa
Por su parte, Tusk rechazó hoy las acciones de la oposición ultraconservadora -cientos de cuyos simpatizantes siguen acampados desde el viernes ante la sede del Constitucional- y del presidente Nawrocki, que el viernes pasado se abrió paso a empujones para entrar en el edificio.
En una rueda de prensa, el mandatario polaco dijo que «nadie del poder ejecutivo tiene derecho a irrumpir por la fuerza en el recinto del Tribunal Constitucional, tal como hizo el presidente».
Tusk remarcó que «hay jueces legalmente elegidos que quieren trabajar en la sede del Tribunal Constitucional y son atacados por los políticos», y añadió que «ningún político tiene derecho a imponerles nada, aunque sea el presidente».
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