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  Hijos de personas acusadas de crímenes durante la última dictadura argentina (1976-1983) pedirán un cambio en la legislación para poder...

 
Hijos de personas acusadas de crímenes durante la última dictadura argentina (1976-1983) pedirán un cambio en la legislación para poder declarar contra sus padres, informaron este domingo en su portal de Facebook.

La iniciativa es del colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía, conformado recién este año tras aparecer por primera vez en público y dar su testimonio varias mujeres que condenan lo hecho por sus progenitores.

Su bautismo como agrupación fue el 3 de junio pasado en el marco de una movilización del 'Ni una menos', cuando marcharon bajo un cartel que rezaba "por la memoria, la verdad y la justicia" de aquellos a quienes sus padres secuestraron, torturaron y asesinaron durante a dictadura.

La agrupación presentará el martes en el Congreso un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal de forma tal que se les permita declarar contra sus padres en los juicios de lesa humanidad.

El proyecto propone modificar los artículos 178 y 242 que impiden a una persona denunciar o declarar contra un familiar directo, salvo que ésta sea la víctima directa del delito.

"Esta reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando a las hijas, hijos o familiares de genocidas, que en forma voluntaria quieran dar su testimonio, y de esa manera puedan aportar a la causa", sostiene el proyecto publicado en el portal.

La iniciativa "se plantea al momento en el cual una hija, hijo o familiar de genocida, toma conciencia de la información que posee y puede servir para el esclarecimiento de una causa de lesa humanidad", destaca.

En la actualidad están en curso en Argentina 16 juicios por delitos de la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos humanitarios.

En los juicios, que se reanudaron tras la anulación en 2003 de las leyes de amnistía, fueron condenadas 818 personas y 88 fueron absueltas en 193 sentencias.

De los 1.064 detenidos (entre condenados y procesados), 533 gozan de prisión domiciliaria y 449 están en cárceles. Hay 38 prófugos, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

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