Puerto Montt: Formalizan por tres delitos a propietarios de Buses Fierro


El caso data desde el 2006, después de que uno de los buses de la empresa Fierro se viera involucrado en un accidente de tránsito, en la Ruta 5 a la altura de Llanquihue, donde hubo dos personas que resultaron lesionadas de gravedad.

Ambas pasajeras quedaron con serias secuelas, que al día de hoy las mantienen afectadas en su estado de salud. Al no responder el dueño de la empresa de buses, José Fierro Guerrero, las víctimas demandaron civilmente, siendo acogido el requerimiento en todas las instancias legales; incluso, en la Corte Suprema que determinó el pago de una indemnización de $100 millones para las dos mujeres. 

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el demandado incurrió en tres delitos, por lo que a José Fierro y a su hijo Manuel Fierro Alarcón les formularon cargos por desacato, celebración de contrato simulado y destrucción fraudulenta de bienes embargados.

En la formalización llevada adelante en el juzgado de Puerto Montt por la fiscal (s) Nathaly Jonsson (la causa es de la fiscal Miriam Pérez), la jueza de garantía Mónica Sierpe decretó arraigo nacional para ambos imputados y un plazo de cierre de la investigación de 45 días. 

Tras la resolución de la Corte Suprema, los imputados habrían celebrado un contrato irregular de traspaso de bienes (buses embargados) y además habrían destruido las máquinas que habían estado sujetas a embargo. 

El abogado querellante Rodrigo Tejos dijo que sus representadas -hasta la fecha- no han recibido la indemnización. 

“Él (imputado) no ha abonado ni pagado voluntariamente nada de lo que la Corte Suprema dictaminó; efectivamente, hay un abono que no alcanza al 10% de las indemnizaciones a las que fueron condenados, pero ello no fue un abono voluntario, sino que fue una acción judicial que se tuvieron que embargar buses dolosamente deteriorados para alcanzar un menor valor”, anotó Tejos.

Ni los imputados ni el abogado defensor Nofal Abud quisieron hablar. 

Este último, en la audiencia se quejó porque sus representados nunca fueron citados a la Fiscalía.

“La sentencia está cumplida y las querellantes han recibido 20 millones”, dijo Abud.

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